El rechazo a los decretos de vivienda desata especulaciones sobre un adelanto electoral en España
El gobierno progresista de España sufrió una costosa derrota política el viernes cuando los legisladores rechazaron un paquete de medidas de emergencia para abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda, mientras manifestantes se congregaban fuera del Parlamento exigiendo ayuda para los inquilinos.
La votación, que se realizó por llamamiento nominal, resultó en el rechazo de ambos decretos presentados por el gobierno de Pedro Sánchez. El partido separatista catalán Junts anunció horas antes que votaría en contra, lo que, combinado con el ‘No’ del Partido Popular de centroderecha y la ultraderechista Vox, condenó las medidas. Las votaciones fueron abucheadas ruidosamente por los manifestantes.
Sánchez intervino al final de un debate parlamentario de cinco horas, haciendo un último llamado a los legisladores para que votaran a favor de las medidas que calificó de ‘necesarias’. ‘Lo que está detrás de estos decretos es el deseo de poner orden y humanidad a un mercado que, si lo controlamos, acabará destrozando nuestra sociedad’, señaló. ‘Hagan lo correcto porque, si no, la historia les juzgará y antes de lo que creen’, concluyó.
El revés desató especulaciones en los medios españoles sobre un posible adelanto de las elecciones previstas para el próximo año. La oficina de Sánchez no respondió a las preguntas de The Associated Press sobre una posible convocatoria anticipada. El profesor Oriol Bartomeus, de la Universidad Autónoma de Barcelona, indicó que la incertidumbre se cierne sobre la política española, ya que Sánchez tiene buenas razones tanto para convocar elecciones dentro de dos meses como para aguantar hasta el próximo año.
Los decretos buscaban frenar los desahucios de personas vulnerables, dificultar la especulación inmobiliaria y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el alquiler. El segundo decreto pretendía que los contratos de alquiler residencial se renovaran automáticamente a petición de los inquilinos. Las medidas respondían a la indignación pública tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años en Madrid la semana pasada. El Sindicato de Inquilinas anunció más protestas para el sábado y presionó por una huelga general.
