En el año 2000, la cantidad de motocicletas registradas en República Dominicana alcanzaba las 375,000 unidades.
Eran tiempos en los que las caravanas de motoristas, ondeando banderas partidarias, pintaban de color y movimiento las avenidas del país.
Aquella imagen, vista desde lejos, tenía algo de hermoso, una masa popular en marcha, expresando adhesión, energía y presencia.
Yo mismo fui parte de ese entusiasmo.
Organicé menos de un centenar para un recibimiento al entonces presidente Leonel Fernández a su llegada de su último viaje al exterior como gobernante en su primera gestión.
Nos apostamos a la salida del elevado próximo al aeropuerto con banderas multicolores.
El combustible costó 200 pesos por moto y, para motivar el ánimo, una “chatica” de ron.
Cumplimos el objetivo, pero al regresar por la autopista Las Américas comprendimos el riesgo: aquellos motoristas se descontrolaron como hormigas en marcha, convirtiendo la vía en un escenario de alto peligro.
Nueve años después, en la organización de la Primera Ruta por la Seguridad Vial, convocamos nuevamente a las asociaciones de motoristas para una caminata pacífica por la vida y la movilidad responsable.
El desbordamiento y el desorden que hoy observamos no es casual.
LEONEL MATOS/LD Al finalizar, varios se acercaron pidiendo dinero “para un trago”.
Ese contraste marcó un antes y un después.
De esas experiencias surgieron dos conclusiones claras: Primera: El desbordamiento y el desorden que hoy observamos no es casual.
Es, en gran medida, responsabilidad de la clase política, que durante décadas ha visto en los motoristas un jugoso nicho electoral que representa hoy día, más de cuatro millones de personas, incluyendo conductores y sus familias.
Se les ha utilizado como masa visual en campañas, pero se les ha abandonado en materia de formación, regulación y oportunidades reales.
Segunda: La culpa no está en la máquina, sino en el hombre que la conduce.
La motocicleta es una herramienta de trabajo y movilidad para miles de familias humildes, pero también se ha convertido en un instrumento de escape rápido para delincuentes, facilitando sicariatos, asaltos, fugas y delitos en las calles y barrios del país, a lo que se añaden las carreras ilegales.
Esta doble realidad agrava el problema y genera desconfianza social.
La motocicleta amplifica tanto las virtudes como los defectos del conductor.
No es la tecnología la que desordena las ciudades; es la cultura de la irresponsabilidad, la impunidad y la falta de conciencia ciudadana.
Hoy, con un parque vehicular de motocicletas mucho mayor, el desafío sigue vigente.
Pasar de la explotación electoral a una verdadera política de Estado es un tema pendiente.
Se necesita educación vial continua, fiscalización efectiva, vías más seguras y alternativas de transporte digno.
Pero, sobre todo, un cambio cultural profundo que ponga la vida y la responsabilidad por encima de cualquier interés político o personal.
Aquellas caravanas de banderas eran un espectáculo.
Sin embargo, detrás de esa imagen festiva se esconde una realidad que cobra vidas diariamente y que amenaza la convivencia social.
Es hora de que tanto los motoristas como la clase política maduren.
La moto no tiene conciencia.
El hombre, sí.
Y es esa conciencia la que urgentemente debemos exigir y construir.
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