Caso de Paulino refleja tendencia de corrupción en funcionarios latinos en EE.UU.
El representante estatal dominicano Francisco Paulino fue arrestado por fraude de US$700,000 en ayudas por pandemia, en un caso que se suma a otra acusación similar en menos de dos semanas. La fiscalía federal investiga posibles vínculos con otros funcionarios.
El dominicano Francisco Paulino, representante estatal de Massachusetts por el distrito 16 de Essex, se declaró inocente de 11 cargos de fraude electrónico y lavado de dinero en el Tribunal Federal John Joseph Moakley de Boston. La fiscal federal Leah Foley anunció su arresto la madrugada del miércoles, acusándolo de orquestar un plan para obtener US$700,000 en fondos de ayuda por la pandemia a partir de abril de 2020.
Según el Boston Globe, Paulino, de 46 años, utilizó parte del dinero para gastos personales, incluyendo pagos inmobiliarios y transferencias a su cuenta de campaña, además de invertir y prestar fondos a tasas de interés más altas. El caso se produce apenas dos semanas después del arresto del alcalde de Lawrence, Brian DePeña, por un fraude de más de US$1.5 millones en fondos COVID-19, lo que marca una tendencia preocupante en la región.
La fiscal Foley declaró que aún no se ha determinado si ambos casos están relacionados, pero la coincidencia temporal genera interrogantes sobre la corrupción en funcionarios públicos de Massachusetts. Paulino, quien fue elegido en noviembre de 2021, supuestamente comenzó el fraude cuando dirigía Madison Tax y Madison Mortgage, solicitando beneficios por desempleo a nombre de un familiar de 77 años que desconocía la situación.
Este escándalo tiene eco en República Dominicana, donde la diáspora sigue de cerca los casos de compatriotas en cargos públicos en EE.UU. La comunidad dominicana en Massachusetts, una de las más grandes del país, observa con atención el desarrollo judicial, que podría afectar la confianza en los líderes comunitarios y las relaciones bilaterales.
El juez impuso como condiciones para la libertad bajo fianza la suspensión de su negocio Madison Tax y la restricción de viajes a Nuevo Hampshire y Massachusetts. La acusación formal incluye ocho cargos de fraude electrónico y tres de lavado de dinero, y el próximo paso será la presentación de pruebas en las audiencias judiciales.
