Fallo en Maryland marca precedente; diáspora dominicana celebra protección constitucional
En una nueva derrota judicial para la Casa Blanca, la jueza Deborah Boardman bloqueó este miércoles la orden ejecutiva de Trump contra el ‘turismo de maternidad’, reafirmando que la Decimocuarta Enmienda es inalterable por decreto presidencial.
La jueza Deborah Boardman, del distrito de Maryland, emitió una decisión de 35 páginas que suspende la aplicación de la orden ejecutiva firmada por Trump en agosto, la cual buscaba negar la ciudadanía automática a hijos de mujeres que viajan a EE. UU. con el propósito de dar a luz. El fallo se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo del 29 de junio, que ya había rechazado un intento previo de limitar este derecho.
Boardman fue contundente: la orden es ‘casi con toda certeza inconstitucional’, ya que el Supremo ‘ya decidió que los niños son ciudadanos al nacer’, y recordó que ‘el presidente debe seguir la ley’. La suspensión protege a cualquier niño nacido de progenitores indocumentados después del 19 de febrero de 2025, cuando la orden original debía entrar en vigor.
Este caso es seguido de cerca por la diáspora dominicana en EE. UU., que ve en esta batalla judicial un reflejo de las tensiones migratorias que afectan a millones de latinos. Organizaciones como CASA y Asylum Seeker Advocacy Project llevaron la nueva orden a los tribunales, argumentando que una orden ejecutiva no puede alterar la garantía constitucional establecida en la Decimocuarta Enmienda.
La orden de Trump también mencionaba excepciones para hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas extranjeros y nacidos en territorios no incorporados, pero la jueza desestimó cualquier aplicación restrictiva. Este fallo se suma a una serie de reveses judiciales para la política migratoria del presidente, que busca endurecer las reglas de entrada y residencia.
Para República Dominicana, el resultado de esta disputa tiene implicaciones directas: la ciudadanía por nacimiento es un pilar para las familias que buscan oportunidades en el norte, y su protección refuerza los lazos entre la nación caribeña y su diáspora. El caso podría llegar nuevamente al Supremo, pero por ahora, la ley y la Constitución han prevalecido.
