Un análisis histórico revela las raíces de la economía nacional y el control laboral en el siglo XX
La transformación económica durante la Era de Trujillo no puede entenderse sin dos elementos clave: la ampliación de carreteras que conectaron regiones y la prohibición del pago con fichas en los ingenios azucareros, medidas que sentaron bases del mercado interno dominicano.
La República Dominicana de 1930 era un país fundamentalmente rural. La agricultura ocupaba a buena parte de la población, las ciudades eran pequeñas y muchas comunidades permanecían escasamente comunicadas entre sí. Había producción y comercio, pero todavía estaba en proceso de formación algo indispensable para dar el salto hacia una economía más moderna: un mercado interno verdaderamente nacional. Este concepto es sencillo: el mercado interno somos nosotros mismos, quienes producimos, trabajamos, cobramos un salario, vendemos y compramos dentro del país. Para que pueda desarrollarse una industria nacional hace falta algo más que construir fábricas; hace falta gente que pueda comprar lo que esas fábricas producen.
Un agricultor dominicano de aquellos años podía producir arroz, habichuelas, maíz, plátanos o cualquier otro alimento, pero si no había caminos adecuados para sacar su cosecha, sus posibilidades de vender terminaban muy cerca de su comunidad. Una carretera cambiaba aquella realidad: permitía que la cosecha llegara a otros pueblos, aparecía el transportista, el comerciante podía adquirir productos de lugares más distantes, se ampliaban los almacenes y colmados y las mercancías comenzaban a recorrer mayores distancias. Por eso una carretera no solamente comunica dos pueblos, también comunica al productor con el consumidor. Este proceso no comenzó con Trujillo: durante la ocupación estadounidense de 1916 a 1924 se construyeron importantes vías de comunicación que contribuyeron a conectar las principales regiones del país, y el gobierno de Horacio Vásquez recibió parte de esa infraestructura y continuó el proceso. Cuando Trujillo llegó al poder en 1930, encontró una base sobre la cual continuar trabajando.
Había otro obstáculo para la formación de ese mercado: durante años algunos ingenios azucareros utilizaron fichas y vales como forma de pago a sus trabajadores. Aquellos instrumentos circulaban fundamentalmente dentro del entorno económico de las propias empresas y estaban estrechamente vinculados a sus bodegas. El trabajador laboraba, pero no siempre recibía un salario con la libertad de circulación que proporciona la moneda de curso legal. El problema no era simplemente que hubiera una tienda dentro del ingenio, sino que la forma de pago podía terminar condicionando dónde compraba el trabajador, afectando también al comerciante independiente. Si una parte importante de los salarios quedaba circulando dentro del ingenio, ese dinero no llegaba al colmado del pueblo, al pequeño comerciante ni a otros productores.
El problema venía de antes de Trujillo. Ya en las primeras décadas del siglo XX trabajadores y comerciantes habían protestado contra ese sistema. En 1934, durante el régimen de Trujillo, la Ley núm. 740 intervino sobre aquella práctica, prohibiendo el pago de salarios mediante fichas y vales y procurando que el trabajador recibiera dinero de curso legal. Esta medida, junto con la expansión de carreteras, representó un giro en la economía dominicana y dejó lecciones sobre la importancia de un mercado interno sólido para el desarrollo nacional.
