Un sistema dual que carga al Estado sin las provisiones necesarias
El modelo de pensiones de República Dominicana atraviesa una encrucijada que expertos califican como crítica. Concebido originalmente en 2004 como un esquema único de capitalización individual mediante la Ley 87-01, el sistema ha derivado en una estructura fragmentada que combina de facto la capitalización para unos sectores y el reparto solidario para otros, sin que existan los fondos fiscales necesarios para respaldar esta última modalidad.
Para contextualizar la magnitud del problema, las tasas de reemplazo internacionales muestran que mientras la OCDE promedia un 61% del último salario como pensión, en Chile —referente del modelo dominicano— las AFP apenas cubren un 19%, complementado con la pensión garantizada universal para alcanzar el 70%. Las variaciones dependen de natalidad, expectativa de vida, migración, inflación y sostenibilidad fiscal.
Exclusiones, privilegios y la bomba de tiempo fiscal
La Ley 87-01 dejó fuera desde su origen a sectores laborales clave, incluyendo al Congreso Nacional y al magisterio público. Posteriormente, el gobierno flexibilizó el esquema para incorporar sistemas de reparto excesivamente generosos, como las pensiones del 100% del salario para médicos, además de jubilaciones individuales otorgadas discrecionalmente.
Esta dispersión generó un modelo dual paralelo que ya abarca una cantidad de beneficiarios casi equivalente a la del régimen contributivo por ley. El agravante es que el Consejo Nacional de Seguridad Social desvirtuó el propósito de las pensiones vitalicias permitiendo la devolución de los aportes acumulados, lo que compromete aún más la viabilidad del sistema sin que existan las reservas actuariales correspondientes.
