Evolución institucional y renovación constitucional permanente
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, afirmó este miércoles que la República Dominicana atraviesa un proceso continuo de renovación administrativa y constitucional que ha producido avances notables en materia de institucionalidad pública durante los últimos años.
Sus declaraciones fueron ofrecidas durante la Cátedra Magistral Dr. Bernardo Fernández Pichardo, celebrada en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), donde expuso ampliamente sobre la configuración jurídica del Estado dominicano. Peralta destacó que el país cuenta actualmente con 23 ministerios, entre ellos los de Justicia y de Vivienda y Edificaciones, que fueron instituidos para consolidar funciones que antes estaban atomizadas en distintos organismos estatales.
Nuevas figuras jurídicas en la administración pública
El funcionario también abordó la consolidación de instrumentos como las empresas públicas y los fideicomisos públicos, señalando que actualmente se trabaja en la elaboración de un marco jurídico que permita regular y robustecer adecuadamente estas estructuras. Explicó con detalle la diferencia fundamental entre órganos —que carecen de personalidad jurídica propia y generalmente son creados mediante decreto— y entes, los cuales gozan de autonomía funcional para realizar operaciones administrativas y comerciales.
Como ejemplo de estos últimos mencionó a la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos, que poseen personalidad jurídica, a diferencia de los ministerios que operan bajo la personalidad jurídica del Estado representado por el presidente de la República.
Órganos extrapoder y la reforma constitucional de 2024
Peralta Romero también explicó la existencia de los denominados órganos extrapoder, instituciones creadas directamente por la Constitución y que no dependen de ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado. Citó al Tribunal Constitucional, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Banco Central y el Ministerio Público. Sobre este último, destacó que la reforma constitucional de 2024 fortaleció su independencia institucional al establecer que el procurador general sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura y no mediante decreto presidencial, como ocurría anteriormente.
