Vamos a hablar del nuevo Código Penal, que entra en vigencia en agosto próximo y fue aprobado mediante la Ley 74-25.
A pesar de haber permanecido más de 20 años en discusión en el Congreso Nacional, su aprobación se retrasó por unos artículos (o al menos esa era la excusa), los cuales tenían que ver con las famosas tres causales.
No soy un técnico en leyes, pero sí puedo hablar desde la experiencia.
Está claro que desde hace tiempo se necesitaba actualizar las leyes penales a la realidad del mundo de hoy y de la sociedad actual que tenemos los dominicanos, basadas en los derechos y acuerdos internacionales, pero sin querer ser más modernos que Corea del Norte o más papistas que el Papa, como dice el dicho.
Dentro de las cosas positivas que podremos apreciar en este nuevo cuerpo normativo punitivo, y que han sido aplaudidas por los especialistas en derecho, está que las conductas delictivas están bien definidas, así como los castigos aplicables para cada una de sus derivaciones.
Se logró aumentar por un período más largo las penas para los delitos sexuales contra menores, así como para los casos de violencia de género, violencia doméstica, explotación infantil y delitos contra personas vulnerables.
Igualmente, se incrementaron las sanciones para hechos como homicidios, abuso infantil, trata de personas, corrupción pública, violaciones sexuales, tortura y actos de barbarie.
Un aspecto para destacar es que este nuevo código incorpora delitos que no estaban tipificados en la obsoleta ley penal.
Entre estos podemos mencionar el sicariato, el terrorismo, el acoso, el genocidio, los ciberdelitos y otros delitos tecnológicos.
Se especifica, además, que, dentro de esas infracciones en el área tecnológica, pasibles de cárcel, se encuentran el robo de identidad, el acceso ilegal a sistemas informáticos, los fraudes electrónicos y la manipulación de datos digitales.
Hasta el momento hemos podido resaltar muchas cosas positivas que, de una forma u otra, o tenían penas muy bajas o simplemente no estaban tipificadas en la ley, lo que dejaba a la justicia atada de manos, ya que, para imponer una condena, no existía una base legal que permitiera aplicar sanciones más severas a los infractores.
Como especificamos más arriba, esta normativa punitiva excluyó el debatido caso de las tres causales para la interrupción del embarazo, tema que dividió a la sociedad por tratarse, además de un asunto de salud, de una confrontación entre la religión y la ciencia.
Hasta el día de hoy, las iglesias, en sus diferentes denominaciones, se oponen a cualquier tipo de interrupción de la gestación, independientemente de las circunstancias.
Por otro lado, una de las partes que más se ha discutido en las últimas semanas, a medida que se acerca la fecha de su entrada en vigencia, es la relacionada con lo que algunos llaman la «ley mordaza».
Según activos participantes en plataformas digitales, comunicadores e incluso periodistas, lo aprobado limita la libertad de expresión y de prensa, imponiendo serias restricciones a los usuarios y a los medios de comunicación.
Esta semana, el presidente Luis Abinader sometió al Congreso Nacional la corrección de algunos artículos de la Ley 74-25 antes de su entrada en vigor el próximo mes.
Algunos de esos apartados son los relacionados con la difamación e injuria, la mala práctica médica y las expresiones contra funcionarios públicos; este último se incluye dentro de lo que muchos denominan la «ley mordaza».
Hasta aquí entiendo que todo eso está perfecto, a pesar de que, como ocurre con todo en este país, se tuvo que esperar hasta pocas semanas antes de que comenzara a aplicarse este código para que la sociedad alzara su voz o, mejor dicho, para que los políticos hicieran lo que mejor saben hacer: aparentar que les importa lo que piensa el pueblo y actuar solo cuando la presión se hace evidente.
Me gusta el aumento de las penas en los casos que ya mencionamos, pero, una vez más, repito: el tema muchas veces no es el código, sino cómo funciona el sistema en este país.
Leyes tenemos por centenas, algunas sumamente modernas, pero al momento de aplicarlas termina imponiéndose la ley del más fuerte, donde quien tiene más recursos no necesariamente se salva de la condena, pero es evidente que con buenos abogados puede ahorrarse unos cuantos días, semanas, meses e incluso años de cárcel.
Entonces, celebramos que se hayan introducido algunos artículos para su corrección, pero esta debe ser una labor que conlleve una vigilancia constante para ir adaptando la legislación durante el proceso, porque así como el mundo avanza, también lo hacen su población y las sociedades que lo conforman.
Los delitos se modernizan y los criminales crecen en la misma proporción.
Aplaudamos que se establezcan penas acordes con los tiempos.
Lo que debemos vigilar en todo momento es la implementación de esas condenas y que el uso y abuso de la fuerza no se impongan sobre quienes menos pueden.
Que la justicia sea verdaderamente ciega y que el castigo se aplique cuando corresponda, así como la piedad en los casos que realmente lo ameriten.
Las próximas leyes a las que debemos prestar atención son la de tránsito y la del menor.
Que los conductores de motocicletas se rijan por normas más estrictas para quienes día tras día violan las reglas, y que a los menores que cometan delitos graves no se les trate únicamente bajo el criterio de su edad, cuando esa condición está siendo aprovechada por organizaciones criminales para reclutar a una población especialmente vulnerable.
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