La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) alertó que el incumplimiento de sentencias del Tribunal Constitucional por parte de poderes públicos compromete la seguridad jurídica del país, un problema que también se observa en otras naciones de América Latina y que afecta la credibilidad del sistema de justicia dominicano.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la eficacia de la justicia constitucional no se mide por la existencia formal de sentencias, sino por su capacidad de generar consecuencias jurídicas efectivas. En un contexto regional donde varios países enfrentan crisis de institucionalidad, el caso dominicano evidencia una tendencia preocupante: el desacato a las decisiones de los tribunales constitucionales.
Castaños Guzmán recordó que el artículo 184 de la Constitución dominicana establece que las sentencias del TC son definitivas e irrevocables, y que su fuerza vinculante deriva de la supremacía constitucional. Sin embargo, instituciones como la Presidencia, la Policía Nacional, la Procuraduría y varios ministerios han incurrido en ejecuciones tardías o incumplimientos, lo que debilita la tutela judicial efectiva.
El jurista advirtió que este fenómeno no solo afecta a los ciudadanos directamente involucrados, sino que erosiona la credibilidad general del sistema de justicia. En el plano internacional, esto puede afectar la imagen de la República Dominicana ante organismos de derechos humanos y mercados financieros, que valoran la estabilidad jurídica como un indicador de gobernanza.
Castaños Guzmán propuso distinguir entre escenarios como la imposibilidad material temporal, la ejecución defectuosa o la resistencia deliberada, y subrayó la necesidad de mejorar la coordinación institucional y el monitoreo por parte del propio TC. También instó a que cualquier sanción por incumplimiento se base en competencias jurídicas claras y el debido proceso.
Para la diáspora dominicana y los inversionistas internacionales, el mensaje es claro: la fortaleza del Estado de derecho depende de que las instituciones acepten su sometimiento a la norma suprema. El cumplimiento de los fallos del TC es una obligación jurídica y una responsabilidad institucional que trasciende fronteras, pues de ello depende la confianza en el país como destino de inversión y socio regional.
