La iniciativa busca empoderar a la ciudadanía en la vigilancia de los recursos públicos
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) puso en marcha la Mesa de Control Social de Santo Domingo Norte, un mecanismo que refuerza la participación ciudadana y se perfila como una tendencia en el país para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
El lanzamiento, realizado en el Aula Magna de la Universidad UNISNORTE, contó con la participación de representantes de la Federación de Juntas de Vecinos y sus asociaciones de Villa Mella Norte y Sur, Sabana Perdida Norte y Sur, Guaricano y zonas rurales, así como del Foro Ciudadano de Santo Domingo Norte, Marañón Ecoamigable, clubes de madres, organizaciones juveniles y religiosas, entidades deportivas y culturales y fundaciones.
La nueva Mesa funcionará como un espacio de diálogo y articulación donde las organizaciones ciudadanas podrán formular observaciones y presentar propuestas sobre la gestión de los recursos públicos. Este modelo, que ya se implementa en otros municipios, busca expandirse como una política de acercamiento a las comunidades en todo el país.
Bernardo Matías, director de Control Social de la CCRD, señaló que «las Mesas de Control Social convierten la participación ciudadana en una herramienta concreta de vigilancia y corresponsabilidad», al permitir que las comunidades contribuyan de manera organizada al fortalecimiento de la transparencia y el buen uso de los fondos públicos.
La iniciativa también vincula la formación ciudadana con la transparencia. Juan Miguel Pérez, director de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), afirmó que cuando la ciudadanía conoce cómo se administran los recursos, «participa y exige rendición de cuentas», lo que favorece una gestión pública más justa y reduce desigualdades.
Dory Díaz, representante de las organizaciones, expresó que la Mesa representa una oportunidad para convertir las necesidades de las comunidades en propuestas canalizables institucionalmente. La CCRD aclaró que estas mesas tienen un carácter deliberativo y propositivo, sin interferir con las funciones de fiscalización, auditoría e investigación que le corresponden por ley.
