Fiscalía pedirá 3 meses de prisión; menores rescatados en Haina reciben representación legal
La justicia dominicana aplazó al 10 de septiembre la medida de coerción contra Ángel Capellán e Isaías Muñoz, acusados de trata y explotación laboral de 13 menores en una fundación de Haina, un caso que sacude al país y atrae la atención de organismos internacionales por su gravedad.
El caso de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) en Bajos de Haina ha puesto en el centro del debate nacional la vulnerabilidad de la niñez y la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión de entidades que operan bajo fachadas religiosas o benéficas. La audiencia, prevista para este miércoles, fue suspendida por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, y se reanudará el 10 de septiembre.
La fiscal Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la UAVGIDS, informó que el Ministerio Público solicitará tres meses de prisión preventiva contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como ‘el Pastor’, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez. La defensa pidió más tiempo para presentar presupuestos, mientras que las víctimas, 13 niños de entre cuatro meses y 13 años, serán representadas por el Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El operativo, ejecutado entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto en los sectores La Pared y El Carril, reveló signos de maltrato físico y psicológico en los menores, quienes habrían sido sometidos a trabajo forzado. La calificación jurídica provisional incluye trata de personas con fines de explotación laboral, un delito que en República Dominicana ha sido señalado por informes internacionales como un desafío persistente, especialmente en zonas vulnerables como Haina.
El caso ha generado reacciones en la diáspora dominicana y en organizaciones de derechos humanos, que siguen de cerca el proceso. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, lleva la acusación, lo que refleja un esfuerzo coordinado del Estado para combatir estos crímenes.
Mientras el país espera la próxima audiencia, el caso pone de relieve la necesidad de políticas públicas más estrictas para proteger a la infancia y prevenir la explotación, un tema que trasciende lo local y resuena en la agenda regional e internacional de derechos humanos.
