Caso en Haina expone dilemas legales y sociales en protección infantil
El caso de nueve niños rescatados de una fundación en Haina, donde el pastor Ángel Gabriel Capellán enfrenta acusaciones de explotación laboral, ha generado un debate nacional sobre la trata de menores, la credibilidad de las denuncias y el rol de las familias en situaciones de vulnerabilidad.
El Ministerio Público solicitó tres meses de prisión preventiva contra el pastor Ángel Gabriel Capellán e Isaías Muñoz, acusados de trata de menores con fines de explotación laboral. Sin embargo, los padres de los nueve menores rescatados, de entre 2 y 13 años, se presentaron en el Palacio de Justicia de San Cristóbal para defenderlos, contradiciendo la narrativa de la fiscalía.
La audiencia fue aplazada para el jueves 10 de septiembre, según informó la fiscal Fanny Garabito, quien indicó que los menores serán representados por Relevic, el servicio estatal de defensa de víctimas. El expediente incluye denuncias de golpes, quemaduras y privación de alimentos, así como pruebas forenses y testimonios de allanamientos realizados tras la fuga de un niño de 12 años que buscó ayuda en un destacamento policial.
El abogado defensor, Manuel Soto Lara, cuestionó la falta de querellas de los padres y calificó al menor que originó el caso como ‘travieso’, sugiriendo que fue llevado por su madre por problemas de conducta. También argumentó que la falta de autorización de la fundación es solo una irregularidad administrativa, no un delito penal. La fiscal replicó que la investigación está en curso y que el tribunal decidirá con base en evidencias.
Este caso refleja una tendencia regional en América Latina: el aumento de denuncias de explotación infantil en instituciones religiosas y la tensión entre protección de derechos y presunción de inocencia. Para la diáspora dominicana y observadores internacionales, el proceso será clave para evaluar la respuesta judicial del país ante delitos contra menores.
