La actualización de precios enciende el debate sobre acceso a salud en RD
El aumento de hasta 300% en terapias de la Asociación Dominicana de Rehabilitación ha generado una polémica nacional sobre el acceso a la salud, mientras la institución asegura que la medida afecta solo a un 10% de sus usuarios y que el 90% restante no sufrirá cambios.
En un país donde la salud y la rehabilitación son temas sensibles, la Asociación Dominicana de Rehabilitación enfrenta críticas de madres que denuncian incrementos de hasta 300% en servicios como terapia ocupacional, que pasó de RD$300 a RD$1,200 por sesión, y la terapia del habla, que subió de RD$300 a RD$750. Las familias alegan que estos precios son insostenibles para quienes dependen de ingresos bajos, y cuestionan si las autoridades avalan el nuevo tarifario.
La institución, que opera 35 centros en todo el país, respondió que la actualización es parcial y se enfoca en servicios sin cobertura de las ARS o en atenciones privadas. Según sus datos, el 55.8% de sus pacientes recibe servicios a través del SeNaSa Subsidiado, por lo que no verán cambios. Sin embargo, para el 10% afectado, el impacto económico es severo: con dos sesiones semanales de terapia ocupacional, el costo mensual alcanza los RD$9,600, una barrera real para muchas familias dominicanas.
Este caso refleja una tendencia regional: el costo de los servicios de salud y rehabilitación aumenta mientras los sistemas de protección social luchan por cubrir a los más vulnerables. Las madres, aunque temen represalias, han alzado la voz, y la institución responde con datos de exoneraciones: 24,491 en el primer semestre de 2026 (RD$15,224,974) y 59,058 en 2025 (RD$46,195,973), además de evaluaciones socioeconómicas individuales.
El debate no es solo local: organizaciones internacionales y la diáspora dominicana siguen de cerca cómo el país equilibra la sostenibilidad de las instituciones de salud con la equidad. Mientras tanto, Rehabilitación llama a los pacientes con dudas a acudir a los departamentos de Atención al Usuario, y la sociedad espera que las autoridades competentes aclaren si estas tarifas cumplen con el marco legal. La pregunta de fondo persiste: ¿cómo garantizar que ningún niño pierda su terapia por falta de recursos?
