Gremio propone modernizar Ley Minera con gobernanza verificable y auditorías independientes
La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) propone un modelo de gobernanza para que el 5% de los aportes mineros sea trazable y verificable, en el marco de la modernización de la Ley Minera No. 146-71. El gremio reconoce que los aportes se hacen, pero no se ven en las comunidades.
Pedro Esteva, presidente del Consejo de Directores de Camipe, afirmó que aunque la industria minera cumple con sus obligaciones tributarias, los recursos no se reflejan en el desarrollo de las provincias mineras. ‘La infraestructura de las provincias donde hay minería, ese dinero lo ha administrado de alguna forma el Gobierno central, pero no se dedica una parte importante en el desarrollo de esa provincia’, sostuvo durante un encuentro con el director de a inicios de junio.
Esteva, también CEO de IMCA, indicó que alrededor de cuatro auditorías confirman que el Gobierno ha recibido los fondos. ‘El problema es que no va a la comunidad; entonces, se le mete la presión a la minera’, expresó. Además, destacó que las empresas ejecutan programas sociales adicionales a los aportes tributarios.
La propuesta de Camipe, presentada como parte de la modernización de la Ley Minera No. 146-71, plantea un modelo de gobernanza del 5% basado en planificación municipal, participación comunitaria, priorización técnica de obras, ejecución transparente, auditorías independientes, publicación periódica de resultados y mecanismos de vigilancia ciudadana. El objetivo es que estos recursos sean aplicables, verificables y trazables.
Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe, explicó que la herramienta dará credibilidad a las empresas y al Estado. ‘Nosotros proponemos que el 5% tiene que tener una herramienta o un mecanismo en el que pueda ser, no solamente aplicable, sino verificable y trazable’, dijo. Añadió que las empresas deben ser parte de la comunidad y decidir en qué se aplicarán los fondos para mejorar el lugar para las generaciones futuras. Desde 2016, el país implementa el Estándar de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva (EITI).
