El Ministerio Público mantiene abierta la investigación sobre fondos de salud y anuncia posibles nuevos pasos judiciales
El director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que la investigación de la Operación Onco14 continúa abierta y que es muy probable que el proceso genere nuevos pasos antes de que sea presentada la acusación definitiva. El caso investiga el manejo de recursos públicos vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Camacho explicó que el Ministerio Público continúa trabajando para completar la investigación y posteriormente presentar la acusación ante los tribunales. La Operación Onco14 está relacionada con una investigación sobre el manejo de recursos públicos vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao y fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), destinados a servicios para pacientes con enfermedades de alta complejidad.
Por el caso fueron sometidos a la justicia Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El proceso fue declarado complejo y los tribunales han impuesto distintas medidas de coerción a los imputados.
El Ministerio Público ha sostenido que las pesquisas buscan determinar las responsabilidades de quienes habrían participado en las presuntas irregularidades investigadas y ha dejado abierta la posibilidad de incorporar a otras personas al proceso. Camacho no identificó a posibles nuevos imputados ni estableció una fecha para la presentación de la acusación, debido a que las investigaciones permanecen en curso.
El funcionario ofreció estas declaraciones luego de participar como conferencista principal en una actividad en Santiago titulada ‘El Expansionismo Penal como Fenómeno Político-Criminal: Fundamentos Teóricos, Manifestaciones en la República Dominicana y Análisis de la Arquitectura de la Ley núm. 74-25’. Durante la conferencia abordó los cambios introducidos por el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, así como el debate sobre la tendencia a ampliar la intervención del derecho penal. En ese contexto, sostuvo que la respuesta del Estado no debe limitarse al aumento de las penas y afirmó que es partidario de aplicar ‘manos inteligentes’ en la persecución del delito, pues para un delincuente puede ser más disuasiva la posibilidad efectiva de ser identificado, apresado, procesado y condenado que el nivel de la pena establecido en abstracto.
