Administración enfrenta reveses judiciales mientras busca datos electorales y controlar el voto por correo
La administración del presidente Donald Trump redobla su ofensiva contra el voto de no ciudadanos con la acusación federal de siete personas en Texas, en un contexto de batallas judiciales y medidas para restringir el voto por correo de cara a las elecciones de medio término de noviembre.
Siete personas que no son ciudadanas estadounidenses fueron acusadas federalmente en Texas de votar ilegalmente en elecciones federales o de afirmar falsamente ser ciudadanos, según anunció este martes el fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould. La conducta alegada no se debió a un malentendido ni a un error administrativo, aseguró Raybould, citado por The Associated Press (AP).
Los acusados, con edades entre 20 y 69 años, son ciudadanos de países como México, India, Nigeria y Congo. Seis son residentes permanentes legales y a uno se le había ordenado la deportación en julio, según la Fiscalía Federal. Algunos votaron o intentaron hacerlo en las elecciones generales de 2018 y 2024; otros declararon falsamente ser ciudadanos al obtener una licencia de conducir o se registraron deliberadamente para votar. La oficina de Raybould no afirmó que actuaran coordinadamente.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, había adelantado los cargos horas antes en una rueda de prensa en la Casa Blanca. El anuncio se enmarca en la campaña de Trump para colocar el voto de no ciudadanos entre los temas centrales de las elecciones de medio término de noviembre. Aunque el presidente sostiene que es un problema de gran alcance, investigaciones previas han encontrado que estos casos son poco frecuentes, según AP.
La administración ha impulsado iniciativas para identificar a no ciudadanos en los registros electorales y aumentar los controles. El intento de que el Servicio Postal verificara la ciudadanía de quienes reciben boletas por correo fue rechazado por la Corte Suprema el lunes, permitiendo que los estados mantengan sus procedimientos. El Departamento de Justicia ha demandado a estados para obtener información detallada de los registros electorales, con reveses judiciales, mientras el Departamento de Seguridad Nacional revisa registros estatales. Un denunciante federal afirmó esta semana que el programa podría infringir la ley.
