El caso expone posibles fallas en el protocolo de entrega voluntaria de imputados
Dos jóvenes de Barahona denunciaron este lunes que no fueron recibidos al intentar entregarse en la Fiscalía y la Dicrim. El hecho pone en evidencia posibles irregularidades en el manejo de entregas voluntarias y genera cuestionamientos sobre el debido proceso.
Manuel Ezequiel y Yorbi Manuel Pérez Pérez, señalados en una investigación por múltiples robos y atracos, acudieron este lunes a la Fiscalía de Barahona para entregarse voluntariamente. Según su denuncia, no fueron recibidos y fueron sacados de la oficina. Señalaron al procurador adjunto Ulises Guevara y a Wellington Espinal como responsables de la negativa.
Posteriormente, se trasladaron a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, donde tampoco concretaron su entrega. De acuerdo con su versión, no fueron recibidos porque llegaron sin las armas de fuego que las autoridades alegadamente les estarían exigiendo. Los jóvenes niegan poseer dichas armas y rechazan las imputaciones en su contra, que incluyen disparos desde un vehículo en movimiento.
Los jóvenes, acompañados de familiares, abogados y periodistas, afirmaron temer por sus vidas debido a amenazas que atribuyen a agentes de la Policía Nacional contra sus familiares durante allanamientos. Ante la falta de respuesta institucional, acudieron a la Iglesia católica en busca de mediación, específicamente a la iglesia Cristo Rey, para que representantes religiosos gestionaran su presentación ante las autoridades y garantizaran su integridad física. Tampoco lograron su objetivo.
El caso ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de entrega voluntaria y el respeto al debido proceso. Los jóvenes insisten en que se investigue y se declararon dispuestos a «pagar por nuestro hecho, si tenemos algo pendiente». Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre estas denuncias.
