La eficiencia institucional y la lucha contra el fraude comercial, claves para el crecimiento sostenible
El país enfrenta el reto de aumentar ingresos fiscales sin sacrificar a los sectores productivos, apostando por modernizar la gestión pública y aprovechar su posición estratégica en el comercio internacional.
La búsqueda de mayores ingresos no debe conducir a ignorar que la estabilidad económica es una aspiración legítima y que preservar las finanzas públicas es responsabilidad ineludible del Estado. La experiencia de las naciones más prósperas demuestra que el crecimiento sostenible y la solidez fiscal descansan menos en la expansión permanente de las cargas tributarias y más en la capacidad de las instituciones para administrar eficientemente los recursos, estimular la producción y aprovechar las ventajas económicas de cada país.
La buena administración constituye también una forma de riqueza. La eficiencia institucional genera confianza; la confianza favorece las inversiones; las inversiones fortalecen la producción y el comercio; y el crecimiento económico se traduce en mayores ingresos para el Estado y mejores oportunidades para la población. Por tanto, antes de trasladar nuevos sacrificios a los sectores productivos y a la ciudadanía, corresponde aprovechar plenamente las capacidades del país para incrementar sus ingresos mediante una gestión pública más eficiente y una visión estratégica del comercio exterior y de la logística internacional.
La privilegiada posición geográfica del país, sus puertos, aeropuertos, zonas francas y acuerdos comerciales representan activos de extraordinario valor. Sin embargo, las ventajas comparativas no producen prosperidad por sí solas. Requieren instituciones eficientes, liderazgo competente y una administración pública capaz de interpretar las exigencias del comercio internacional contemporáneo. En tal sentido, la Dirección General de Aduanas y demás instituciones vinculadas al comercio exterior deben ser asumidas como una prioridad estratégica del Estado.
Muy a pesar de que en las últimas décadas se han producido importantes avances en modernización y facilitación del comercio, todavía persisten debilidades que limitan una mayor capacidad recaudatoria y afectan la competitividad nacional. Las deficiencias en la gestión integral de riesgos, las distorsiones en la valoración y clasificación de mercancías, las insuficiencias en los procesos de fiscalización posterior, la subvaluación, el fraude comercial y las diferentes modalidades del comercio ilícito continúan ocasionando pérdidas económicas de considerable magnitud.
Las omisiones tienen un costo, pero las actuaciones equivocadas también. La incompetencia, la improvisación, la ausencia de visión estratégica y las deficiencias gerenciales producen consecuencias económicas tan perjudiciales como las irregularidades que se dejan de perseguir. Los recursos que se pierden por omisión y aquellos que se dilapidan por comisión terminan siendo soportados por toda la sociedad. Por ello, una política más firme de combate al fraude y al comercio ilícito, una gestión integral de riesgos verdaderamente eficiente, mayor integración tecnológica, aprovechamiento de la inteligencia de datos, interoperabilidad entre las instituciones, simplificación de procesos, fortalecimiento de las exportaciones y una auténtica estrategia logística nacional son instrumentos capaces de generar resultados económicos y fiscales sin necesidad de nuevas cargas tributarias.
