La ley que criminaliza a médicos y censura denuncias de corrupción pone en jaque la democracia dominicana
La aprobación del nuevo Código Penal en República Dominicana ha generado un rechazo sin precedentes, tanto a nivel nacional como internacional. La norma, que criminaliza el ejercicio médico y limita la libertad de expresión, es vista como un retroceso democrático y un intento de silenciar las denuncias de corrupción.
El Código Penal Dominicano, recientemente aprobado, ha sido tildado de ‘adefesio jurídico’ por amplios sectores de la sociedad. La legislación criminaliza el ejercicio de los médicos, un hecho sin precedente en el país, y también censura la libertad de expresión y la denuncia de corrupción, maltrato y abusos cometidos desde el poder. Esta medida ha provocado una corriente de opinión pública negativa y ha conmovido la conciencia nacional.
Los críticos señalan que la pieza legislativa busca ‘tapar el sol con un dedo’ y evadir la responsabilidad del Estado frente a las deficiencias del sistema de salud. En lugar de asumir la salud como un derecho constitucional y optimizar el sistema, se opta por criminalizar a los médicos con sanciones desproporcionadas. Esto, advierten, es una forma de lavarse las manos como Pilato y culpar a otros de los males del modelo sanitario que ellos crearon.
El nuevo código penal es interpretado como una dictadura en el sistema sanitario, que apela al castigo en lugar de promover buenas prácticas y seguridad del paciente. Esta situación ha generado indignación y rebelión contra la represión y opresión de los médicos, mientras el fondo que genera los problemas sigue intacto. Las elites que se benefician del modelo de salud neoliberal se esfuerzan por enmascarar los males con medidas legales desproporcionadas.
Si el Estado quiere resolver la mala práctica, impericia y negligencia, debe ser más responsable y sacar la politiquería del sistema, impulsando un proyecto de nación en salud. De lo contrario, con este código penal avanzamos hacia el establecimiento del autoritarismo, posiblemente como parte de un proyecto de dominación, porque el castigo no ha resuelto ningún problema en el país. La comunidad internacional observa con preocupación este retroceso en derechos fundamentales.
