Tribunal colegiado asume el proceso contra los Espaillat por homicidio voluntario con dolo eventual
La justicia dominicana reconfigura el proceso por el desplome de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, luego de que el magistrado Franny González cambiara la calificación de homicidio involuntario a homicidio voluntario mediante dolo eventual. El caso pasa al Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez, y deberá reiniciarse.
El pasado 16 de octubre de 2026, el magistrado Franny González acogió la solicitud de varias partes querellantes y actores civiles para variar la calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio voluntario mediante dolo eventual, en el proceso contra los hermanos Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat por la tragedia de la discoteca Jet Set, ocurrida la madrugada del 8 de abril de 2025 durante la presentación del merenguero Rubby Pérez, quien también resultó víctima mortal.
La modificación de la calificación jurídica llevó al tribunal a remitir el expediente a un tribunal colegiado, debido a que la nueva calificación excedía su competencia material. En consecuencia, el proceso deberá comenzar nuevamente ante los jueces designados para conocer el caso, encabezados por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez.
El Ministerio Público examinó las condiciones estructurales del inmueble y las actuaciones de sus responsables. Los informes técnicos y la acusación fiscal señalan una presunta sobrecarga de la estructura del techo, asociada a equipos de climatización y depósitos de agua, así como advertencias sobre el deterioro de la edificación que, según la acusación, no habrían recibido la atención necesaria.
En noviembre de 2025, el Ministerio Público formalizó la acusación contra los hermanos Espaillat y solicitó la apertura a juicio, atribuyéndoles presunta responsabilidad por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias. El juez Franny González fundamentó su decisión en la valoración de las pruebas presentadas hasta ese momento, al considerar que existían elementos para examinar si los imputados conocían los riesgos asociados al deterioro de la estructura y, aun así, habrían permitido que continuaran las operaciones de uno de los centros de diversión más populares del país.
