Pedro Pablo Díaz cuestiona estudios de impacto ambiental y falta de consulta a municipios
La Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la instalación de un relleno sanitario y planta de residuos sólidos en La Cuaba, Pedro Brand, con capacidad de hasta 6,000 toneladas diarias. El secretario de Urbanismo y Vivienda, Pedro Pablo Díaz, advirtió que el proyecto afectaría manantiales y arroyos que alimentan el río Isabela y criticó la falta de consulta a las autoridades municipales.
El secretario de Urbanismo y Vivienda de la Fuerza del Pueblo (FP), Pedro Pablo Díaz, cuestionó las pretensiones de instalar en La Cuaba, Pedro Brand, un relleno sanitario con capacidad de hasta 6,000 toneladas diarias, al considerar que afectaría manantiales y arroyos que alimentan el río Isabela. Díaz cuestionó cómo se puede hablar de progreso mientras se plantea instalar una infraestructura para el manejo de residuos en un territorio cuyos manantiales, ríos y arroyos abastecen el río Isabela. «¿Cómo se le explica a esa gente que el progreso consiste en envenenar las aguas de los ríos, arroyos y aguas subterráneas?», expresó el dirigente político.
El titular de la Secretaría de Urbanismo y Vivienda de la FP sostuvo que no es coherente declarar un territorio como destino ecoturístico y, al mismo tiempo, pretender colocar allí una planta de residuos sólidos que, según afirmó, la población identifica como un vertedero. «Esta comunidad no puede ser el patio trasero de nadie», afirmó Díaz. El dirigente opositor también cuestionó que, según su versión, las organizaciones municipales, juntas de vecinos, fundaciones y entidades de la sociedad civil de la zona no hayan sido consultadas antes de plantear la instalación del proyecto.
«Desde la Secretaría de Urbanismo y Vivienda queremos ser claros: la solución no puede construirse pasándole por encima a los municipios», manifestó Díaz, al recordar que la descentralización del Estado está consagrada en la Ley 176-07 y la Constitución de la República. A su juicio, los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales constituyen el nivel de Gobierno más cercano a las comunidades, por lo que consideró que debilitar su participación también afecta el funcionamiento democrático.
Díaz sostuvo que ningún relleno sanitario o planta procesadora de residuos debe ser colocado sobre fuentes de agua, terrenos de vocación agrícola o espacios con potencial turístico. Planteó que la ubicación de este tipo de instalaciones debe responder a los planes municipales de ordenamiento territorial y a criterios técnicos. En ese sentido, señaló que deben protegerse los ríos, las zonas residenciales y los espacios de valor turístico de comunidades como El Pedregal y Los Aguacates, áreas que, según indicó, forman parte del territorio donde se pretende desarrollar la planta de valorización y clasificación de residuos sólidos del Gran Santo Domingo.
El ingeniero cuestionó, además, los estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y planteó que estos deberían ser sometidos a una evaluación adicional por parte de una firma independiente reconocida, proceso que, según afirmó, no se habría realizado hasta el momento. Díaz calificó el proyecto como «ambiental, sanitaria y legalmente inviable» en el territorio propuesto y sostuvo que los riesgos identificados, junto con lo que considera una vulneración de principios legales, hacen improcedente su ejecución en La Cuaba. Como alternativa, propuso que el Estado evalúe la adquisición de los terrenos de la empresa interesada para destinarlos a la protección boscosa permanente, ya sea mediante compra directa o permuta, y que posteriormente se identifique otro espacio adecuado conforme al ordenamiento territorial municipal.
