La decisión del juez Murphy marca un giro en la política migratoria de la era Trump
Un juez federal de Massachusetts levantó la suspensión que impedía revocar el TPS a los etíopes, allanando el camino para deportaciones masivas. La medida se suma a la ofensiva contra el programa que ya afectó a haitianos, sirios, somalíes, sursudaneses y birmanos.
El juez Brian Murphy, del tribunal federal para el distrito de Massachusetts, permitió este martes revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) de los ciudadanos etíopes al desestimar una petición de African Communities Together para paralizar la terminación del programa. La organización había impugnado la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de cancelar el TPS, anunciada en diciembre del año pasado y prevista para entrar en vigor el 13 de febrero de 2026.
La suspensión emitida por Murphy en enero había evitado que la medida se aplicara hasta ahora. Con su decisión de este martes, se rechazan los argumentos de la defensa que alegan que el DHS actuó ilegalmente y que la anterior secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, carecía de autoridad para revocar el programa, pues esa potestad recaía en el fiscal general. La defensa también sostiene que el fin del TPS viola los derechos al debido proceso de la Constitución de EE. UU.
African Communities Together argumenta que Etiopía sigue sumida en la crisis humanitaria que llevó a miles de sus ciudadanos a emigrar, debido al conflicto armado que estalló a finales de 2020 y que se ha extendido a distintas regiones del país. El TPS, con una duración de 18 meses, es un beneficio que EE. UU. concede a personas de países que atraviesan situaciones extremas como guerras o desastres naturales, permitiéndoles vivir, viajar y trabajar sin riesgo de deportación.
En octubre de 2022, la Administración del expresidente Joe Biden extendió el TPS a los etíopes en respuesta al conflicto armado. El pasado junio, la Corte Suprema de EE. UU. dio luz verde para que la Administración de Trump pusiera fin al TPS para los haitianos, y tras esa decisión también se han visto afectados los beneficiarios de Siria, Somalia, Sudán del Sur o Birmania. Este fallo se inscribe en una tendencia de endurecimiento migratorio que impacta a la diáspora dominicana y a la región.
