Ocho naciones latinoamericanas impulsan iniciativa que reconoce a pueblos indígenas
La comunidad internacional dio un paso histórico este viernes en Viena al aprobar la apertura de negociaciones para un protocolo contra los delitos ambientales en el marco de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La resolución, impulsada por ocho países latinoamericanos, recibió 83 votos a favor, 12 en contra y 27 abstenciones.
El texto fue promovido por Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay, junto con Mauritania, la República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Brasil calificó la decisión de ‘histórica’ y agradeció a la sociedad civil sus llamamientos para reforzar la lucha contra los delitos que afectan al medioambiente. Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Irán y Arabia Saudí votaron en contra, mientras que la mayoría de los países europeos y latinoamericanos respaldaron la iniciativa.
Con esta decisión se crea un comité especial encargado de elaborar un protocolo adicional a la Convención para combatir el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos y el de residuos. La resolución abre el proceso negociador, pero no aprueba el contenido del futuro instrumento jurídico.
El texto reconoce la importancia de los pueblos indígenas y las comunidades locales para apoyar los esfuerzos de los Estados contra los delitos ambientales y la corrupción asociada, de acuerdo con las legislaciones nacionales. Ese reconocimiento sitúa a estas poblaciones entre los actores que contribuyen a combatir esas actividades. La resolución advierte que los delitos ambientales no dañan solo los ecosistemas: también amenazan la salud pública, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.
Raphael Hoetmer, director del programa de Amazonía Occidental de la ONG Amazon Watch, declaró a que ‘esta decisión histórica permite a la comunidad internacional finalmente acordar respuestas coordinadas frente al delito ambiental transnacional’. No obstante, advirtió que ‘solo será efectivo si se discute, diseña e implementa con la participación efectiva de los pueblos indígenas, quienes salvaguardan ecosistemas como la Amazonía’. Brayan Mojanasinsoy, portavoz del pueblo indígena inga del Putumayo, en el sur de Colombia, subrayó que los pueblos indígenas enfrentan cotidianamente las economías ilícitas y el crimen organizado, y afirmó que ‘sin nosotros, los pueblos indígenas, no hay seguridad en la Amazonía’.
