Un análisis sobre la cultura del enriquecimiento ilícito en América Latina y
La declaración de bienes debería ser un compromiso ético, no un trámite. El artículo de Brandy Berroa examina cómo la corrupción se propaga como fichas de dominó y contrasta con ejemplos de austeridad como el de José “Pepe” Mujica.
La finalidad de la declaración de bienes es sencilla: dejar constancia de qué posee quien entra al servicio público para poder comparar, con transparencia, qué tiene cuando se marcha. No debería ser vista como un trámite burocrático, sino como un compromiso: decirle al país “esto es lo que tengo cuando llego; ahora pueden observar cómo salgo”.
El texto de Brandy Berroa plantea que la corrupción funciona como un dominó: una pieza derriba a la siguiente. Una decisión individual puede producir consecuencias que alcanzan a cientos, miles o incluso millones de personas. El funcionario que se apropia de un peso que no le corresponde quizás vea una ganancia personal, pero ese peso puede ser parte de una medicina que no llegó al hospital, de una carretera que no se reparó, de una escuela que no se construyó, de una pensión que no alcanzó o de un programa social que perdió recursos.
En sociedades donde el servicio público conserva una fuerte cultura de responsabilidad, ejercer un cargo puede ser una honra y, al terminar, la vida vuelve a la normalidad. Se conocen ejemplos como el de José “Pepe” Mujica, quien después de la presidencia mantuvo un estilo de vida sencillo y regresó a su casa, su antiguo vehículo y su tierra. Más allá de simpatías políticas, su historia quedó asociada a una idea poderosa: el poder no tiene por qué convertirse en una escalera hacia una vida de ostentación.
En América Latina y el Caribe, sin embargo, todavía cuesta romper con otra cultura: la de quien entra a una función pública con un patrimonio determinado y, después de cuatro años, aparece rodeado de propiedades, vehículos, viajes, villas y un nivel de consumo difícil de explicar solamente con sus ingresos legítimos. El autor no acusa a nadie en particular, sino que plantea una pregunta que debería hacerse cualquier sociedad seria: ¿de dónde salió? Y propone que, además de “declaración de bienes”, exista en la conciencia ciudadana una “declaración de quienes”: ¿quiénes se enriquecieron a costa del patrimonio del Estado? ¿Quiénes convirtieron el dinero destinado a las medicinas del pobre en patrimonio personal? ¿Quiénes tocaron los recursos destinados a la atención primaria de salud? ¿Quiénes hicieron negocio con la necesidad de un envejeciente que esperaba una pensión? ¿Quiénes convirtieron propiedades ajenas, reservas naturales o patrimonio cultural en oportunidades privadas? ¿Quiénes utilizaron la fe, la confianza o el poder como instrumentos para enriquecerse? Porque detrás de cada acto de corrupción hay una víctima que muchas veces nunca conoceremos. Quizás por eso deberíamos dejar de pensar en la corrupción como un asunto entre “el que roba” y “el Estado”. El Estado somos nosotros. Y cuando alguien roba recursos públicos, no está robándole a una institución abstracta: está quitándole posibilidades a la ciudadanía.
