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JusticiaJusticia y Seguridad

Caso Julián Oro Duro: complejidad judicial abre la puerta a cinco años de investigación

Caso Julián Oro Duro: complejidad judicial abre la puerta a cinco años de investigaciónCaso Julián Oro Duro: complejidad judicial abre la puerta a cinco años de investigación

Declaratoria de complejidad otorga al Ministerio Público un plazo extendido y mantiene en prisión a los imputados

La justicia dominicana declaró complejo el proceso por la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Julián Oro Duro, lo que permite al Ministerio Público investigar hasta cinco años y mantener en prisión preventiva a los cuatro implicados. El abogado Cándido Simón detalló los elementos que sustentan la decisión, desde la multiplicidad de víctimas hasta la posible existencia de personas no identificadas en el extranjero.

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este declaró complejo el proceso judicial contra los cuatro hombres a quienes se les impuso 18 meses de prisión preventiva por su vinculación con la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro.

El abogado Cándido Simón explicó que la complejidad se basa en la ‘verdad judicial’, que es la transmutación que hace el juez de la verdad real. Entre los factores que la sustentan mencionó la magnitud del daño y el impacto social, la multiplicidad de víctimas —la madre de la fallecida de 97 años, Socorro Castillo y Julián Oro Duro, más dos hijas y tres nietos del artista—, la multiplicidad de hechos, algunos simultáneos, y la multiplicidad de actores, pues según el representante legal de la familia aún faltarían personas por identificar.

Simón señaló que si falta alguien y esa persona pudiera estar fuera del país, se requiere que el Ministerio Público tenga un espacio mayor de tiempo. La declaratoria de complejidad permite al Ministerio Público contar con hasta cinco años para obtener sentencia definitiva de condena y mantener privados de libertad a los imputados, con el propósito de evitar que entorpezcan el proceso o pongan en riesgo a las víctimas, aspecto especialmente sensible por la presencia de una señora de 97 años.

Durante la audiencia de medida de coerción, dos de los imputados, identificados como Juan Carlos Hernández García y Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias ‘Chiquito’, solicitaron al juez que, en caso de ser enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, fueran colocados en dispositivos, habitaciones o áreas diferentes. El abogado cuestionó las razones de esa solicitud, tomando en cuenta que, según su planteamiento, ambos participaron junto a otros imputados en las actividades investigadas, y consideró que podría estar relacionada con el temor de los propios imputados.

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