La norma prioriza productos nacionales y Mipymes en programas de alimentación, vestimenta y útiles escolares
El presidente Luis Abinader firmó el decreto 672-26 que ordena que las compras públicas para programas de alivio a la pobreza, alimentación, vestimenta, útiles escolares, salubridad y atención a grupos vulnerables se realicen directamente a productores nacionales, salvo autorización expresa del fabricante.
La medida, contenida en el artículo 3 del decreto, establece que las instituciones deberán adquirir exclusivamente productos agroindustriales y manufactureros de origen nacional, localizados en territorio dominicano, sin intermediación. La norma fue creada el 29 de septiembre de 2026 y alcanza a entidades como Supérate, Dasac, Inabie, SNS, Minerd, Ministerio de Defensa, Inaipi, Conani, Conape y Promese/Cal, entre otras.
El decreto condiciona la aplicación a que los productores nacionales puedan garantizar las cantidades requeridas y cumplir con los estándares de calidad. No cualquier productor podrá suplir automáticamente al Estado; se mantendrán procedimientos competitivos y las entidades deberán consultar el Registro de Proveedores del Estado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas para identificar Mipymes industriales nacionales capaces.
Si no se encuentran proveedores idóneos, se abrirá un proceso de manifestación de interés. Si persiste la falta de ofertas o capacidad, el procedimiento podrá declararse desierto y, tras un segundo intento fallido, se modificará el pliego para iniciar un nuevo proceso conforme a la legislación. Las Mipymes participantes deben contar con certificación del MICM y el Registro Industrial.
La norma aclara que no todas las compras de esas entidades quedan sujetas a esta disposición, sino únicamente las adquisiciones vinculadas con los programas y productos definidos como especiales. La medida busca dinamizar la producción nacional y reducir la intermediación en el gasto social.
