Consideran que incrementará los costos de producción, afectará la competitividad y terminará encareciendo bienes y servicios para los consumidores Uno de los principales puntos de rechazo de los gremios empresariales es el incremento de las contribuciones especiales que deberán realizar las empresas al Fondo Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Fongiris).
Alexis Alvarez Rodriguez Creado: 30.06.2026 | 08:04 Actualizado: 30.06.2026 | 08:04 Al menos 11 gremios económicos se han pronunciado en contra de la modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que incrementará los costos de producción, afectará la competitividad y terminará encareciendo bienes y servicios para los consumidores.
Estas asociaciones y agrupaciones son representativos de la industria, el comercio, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el turismo, la construcción, los importadores y la inversión extranjera.
Uno de los principales gremios es el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), el cual cuestionó la forma en que fue aprobada la reforma en el Senado, al entender que no se agotó un proceso de discusión suficiente con los sectores involucrados.
La organización afirmó que «una reforma de esta naturaleza requiere consenso y análisis técnico» y advirtió que los cambios generan «incertidumbre jurídica» para la inversión y el desarrollo de las empresas.
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) sostuvo que el nuevo esquema de contribuciones especiales representa un aumento significativo de las cargas para el aparato productivo nacional.
El gremio indicó que la modificación «afecta la competitividad de la industria» y pidió revisar los montos establecidos para evitar distorsiones que reduzcan la capacidad de inversión y generación de empleos.
Por su parte, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) calificó la reforma como una amenaza para la sostenibilidad de miles de pequeños negocios.
La entidad aseguró que en algunos casos los incrementos de las contribuciones «superan el 1,000 % respecto al esquema vigente», lo que, según advirtió, pondría en riesgo la permanencia de numerosas mipymes en el mercado.
La Asociación Nacional de Importadores de Productos Agropecuarios (Animpa) alertó que el aumento de las contribuciones especiales elevará los costos de importación de materias primas, insumos y productos terminados, por lo que «terminará trasladándose al sector agropecuario y a la canasta básica», además de señalar que algunas empresas podrían enfrentar aportes de hasta RD$3 millones anuales.
Gremios del turismo El rechazo también se ha extendido al sector turístico.
La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) y la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) han coincidido en que el nuevo esquema incrementará los costos operativos de hoteles, restaurantes y proyectos turísticos, restando competitividad a una de las principales actividades generadoras de divisas del país.
Asimismo, la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX Asiex), la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) expresaron reservas sobre el impacto económico de la reforma.
Mientras Asiex advirtió que los cambios podrían afectar el clima de inversión, Acoprovi alertó sobre un posible aumento en los costos de construcción y ONEC consideró que la medida impondrá mayores cargas al comercio formal.
Además del rechazo empresarial, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) emitió observaciones técnicas al proyecto, recomendando revisar varios artículos por considerar que podrían restringir la competencia y favorecer posiciones dominantes en el mercado del manejo de residuos.
Puntos críticos Uno de los principales puntos de rechazo de los gremios empresariales es el incremento de las contribuciones especiales que deberán realizar las empresas al Fondo Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (Fongiris).
La modificación mantiene exentas a las compañías con ventas brutas anuales de hasta RD$500 millones, pero aumenta las contribuciones para los demás segmentos.
Las empresas con ingresos entre RD$500 millones y RD$1,000 millones pasarían de aportar RD$150,000 a RD$500,000; las que facturan entre RD$1,000 millones y RD$2,000 millones elevarían su pago de RD$300,000 a RD$1 millón; las de RD$2,000 millones a RD$4,000 millones subirían de RD$600,000 a RD$2 millones; y las que superan los RD$4,000 millones duplicarían su contribución máxima, de RD$1.5 millones a RD$3 millones anuales.
Los gremios sostienen que estos incrementos, que alcanzan un 233.3 % en tres de los cuatro tramos y un 100 % en el de mayor facturación, terminarán trasladándose a los costos de producción, importación y comercialización de bienes y servicios.
Además, argumentan que las nuevas contribuciones se suman a otras obligaciones derivadas de la responsabilidad extendida del productor y de la gestión de residuos, por lo que el costo total de cumplimiento podría ser significativamente mayor.
Según entidades como Codopyme y Animpa, en algunos casos el aumento acumulado de la carga económica superaría el 1,000 % respecto al esquema vigente.
Con este conjunto de pronunciamientos, la modificación de la Ley de Residuos Sólidos se ha convertido en una de las iniciativas económicas que ha generado la oposición más amplia del sector empresarial en los últimos años.
Diputados apruban con modificaciones La Cámara de Diputados aprobó ayer de urgencia con modificaciones y en dos lecturas consecutivas, el proyecto de ley que modifica la Ley 225-20.
Realizó cambios a las tarifas de contribuciones que hicieron los senadores cuando observaron la iniciativa.
Con los cambios aprobados por la Cámara Baja, el proyecto regresa al Senado, que deberá conocer y decidir sobre las modificaciones durante su sesión de esta semana.
Periodista económico y financiero con experiencia en medios escritos, televisivos y digitales.
Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
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