Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados archivo La Cámara de Diputados aprobó ayer de urgencia un proyecto que busca modificar la Ley 98-25 de Gestión Integral y Cooprocesamiento de Residuos Sólidos para ampliar la cantidad de ingresos que recibe el Estado por medio de las aportaciones de las empresas.
Sin haber realizado un estudio previo del contenido, los diputados aceptaron ayer realizar una ampliación en el régimen para incluir a otras entidades que con el marco legal vigente no deben contribuir a la Dirección General de Impuestos Internos ( DGII ) para la recolección de los desechos en el país.
Una de las disposiciones, propuestas por el diputado presidente Alfredo Pacheco , incluye a empresas que, a pesar de no haber recibido ningún ingreso durante el año, tendrán que entregar RD$5,000 para contribuir al fisco.
De ser acogida en el Senado de la República, la pieza estaría lista para ser promulgada u observada por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pacheco anunció que esta no sería la última modificación que desarrollarían, ya que el Gobierno dominicano continúa necesitando “entre RD$20,000 a RD$30,000 millones para solucionar de manera definitiva el problema de los residuos sólidos”.
Utilizando reportes de la DGII, Pacheco explicó durante la sesión que el esquema de recaudación establecido en la Ley 98-25, promulgada el pasado 15 de diciembre, no es suficiente para enfrentar la problemática de la basura en el territorio dominicano.
“Con la aprobación de esa modificación que se hizo (el pasado año) a la ley original tan solo se recaudan alrededor de 8,000 millones de p esos.
Entonces nos estamos quedando cortos, pero son mucho más de los 3,000 que se recaudaban a través de la ley (original de 2020)” , precisó en su alocución dentro del hemiciclo.
No obstante, Pacheco dijo estar consciente de que las próximas variaciones al régimen de aportaciones deben ser realizadas por el Congreso Nacional de manera paulatina.
“Son aspectos que también tenemos que ir llevando por parte porque estas cargas indudablemente duelen y molestan a los sectores productivos de la nación y nosotros lo reconocemos”, dijo.
Según aseguró el máximo representante del Partido Revolucionario Moderno ( PRM ) en la Cámara Baja, las nuevas propuestas “ayudarán a los ayuntamientos, no les resuelve el problema, pero los ayuda con la carga del pago de la recogida y disposición final de los residuos sólidos”.
Los representantes de las bancadas de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitaron enviar el proyecto a una comisión antes de votarlo.
Pero, la mayoría en el órgano legislativo que encabeza el PRM y sus aliados, con 144 diputados, rechazó la petición y optó por votar la pieza con únicamente haberla leído durante la sesión.
Pacheco justificó la rapidez, explicando que la aprobación de esa modificación legislativa era necesaria, ya que una parte de Ley 98-25 sería aplicada a partir de este martes.
“Hay un plazo que establece la ley que vence mañana 30 de junio y que obliga a más de 147,000 empresas de diferentes rublos e instituciones que mañana caerían en defecto si nosotros no conocemos estas modificaciones”, indicó.
El diputado opositor Carlos de Pérez lamentó que el Gobierno no pudiera someter una propuesta de modificación “con mayor tiempo y rigor, para que no estemos abusando de los procedimientos legislativos como” ha advertido en los últimos días el Concejo Nacional de las Empresas Privadas (CONEP).
“Ya yo he visto que hay premura y nosotros sabemos que nos van a aplicar la democracia.
¿Qué es la democracia? Los 147 del PRM y aliados se van a imponer contra los 43 que no formamos parte de ese grupo.
Ustedes nos van a condenar, tienen los votos para hacerlo.
Pero sería adecuado que el Gobierno planifique un poquito más, que deje de abusar de esa mayoría mecánica… Esos proyectos, sancocharlo así seis días, dos días, termina siendo abuso”, dijo De Pérez, de la FP, al tomar un turno en el hemiciclo.
Además de la premura utilizada por la bancada del partido de Gobierno, los opositores señalaron otros aspectos que les preocupan del contenido de la iniciativa.
Uno de estos la base del régimen de contribución, ya que, según De Pérez, es abusivo porque se centra en los ingresos financieros de las compañías, sin tomar en consideración el principal aspecto: la cantidad de desechos que producen.
“Esa ley basada en los montos que se producen no deja de ser abusiva porque no tiene que ver con la generación de los desechos sólidos, tiene que ver más bien con una voracidad del Gobierno que está encaminado a aumentar el gasto y favorecer algunos fideicomisos”, manifestó.
Lo mismo planteó Eugenio Cedeño, del PRM, quien consideró que el esquema de cobro dictado en la ley tiene “mucho de inequidad” porque persigue a las empresas que más dinero logren recibir durante el año.
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