Audiencia histórica ante la Comisión Interamericana
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) presentaron una solicitud formal ante la CIDH durante una audiencia celebrada en Ciudad de Guatemala el pasado 10 de marzo.
La delegación, encabezada por Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, exigió que República Dominicana establezca un marco normativo vinculante que regule la clausura de todas las centrales termoeléctricas que operan con carbón mineral en el territorio nacional.
Compromisos internacionales y financiamiento recibido
Los denunciantes recordaron que el Gobierno dominicano pactó el 15 de noviembre de 2024 con el Banco Mundial, el BID y el Fondo Internacional del Clima un plan para desmantelar progresivamente estas instalaciones. El cronograma contempla el cierre de Barahona Carbón en 2027, las plantas de Itabo en 2028 y las dos unidades de Punta Catalina durante la década de 2030.
Como parte del acuerdo, el país recibió US$150 millones destinados a estudios técnicos para ejecutar el cierre. Adicionalmente, el BID comprometió financiamiento por US$1,750 millones para dos centrales de gas natural licuado en Manzanillo, Montecristi, aunque los ambientalistas criticaron que el proyecto migró hacia otro combustible fósil.
Adhesión a la alianza global contra el carbón
Las organizaciones subrayaron que desde el 6 de diciembre de 2023 el Estado dominicano pertenece al Powering Past Coal Alliance (PPCA), impulsado por Reino Unido y Canadá. Este pacto obliga al país a no construir nuevas plantas de carbón y a abandonar definitivamente su uso en la generación eléctrica.
INSAPROMA y el CNLCC reclaman que se promulgue una ley con fechas, etapas y metas verificables que garantice la salida del carbón antes de 2039, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y participación activa de la sociedad civil y las comunidades impactadas por estas infraestructuras.
