Informe de 130 páginas revela patrón de abusos en cuatro ciudades entre 2025 y 2026
Amnistía Internacional denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos en operaciones migratorias federales en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026. La ONG concluyó esto tras investigar la actuación del ICE, la CBP y otros organismos federales, realizar 154 entrevistas y analizar más de 30 pruebas audiovisuales.
El informe, titulado ‘Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE’, fue publicado hoy y consta de 130 páginas. En él se detallan violaciones que incluyen discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, especialmente fuerza letal, que en algunos casos podría constituir ejecución extrajudicial.
Amnistía Internacional también documentó represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada. Según la ONG, el sistema de detención y deportación masivas del Gobierno de Donald Trump está impulsado por ‘discursos falsos, xenófobos y racistas’ y ‘teorías de supremacía blanca’, y dirigido ‘al mayor número posible de personas racializadas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas’.
El informe señala que las operaciones en las cuatro ciudades se basaron en acciones discriminatorias por motivos raciales, lo que derivó en detenciones arbitrarias, y fueron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de los agentes federales. Como ejemplos de uso ilegítimo de la fuerza letal, AI enumera los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis, y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. ‘Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales’, señala el documento.
Asimismo, denuncia la represión de protestas y el uso de armas de letalidad reducida como gas lacrimógeno y ‘spray’ de pimienta contra integrantes de redes de respuesta rápida, observadores o manifestantes, así como el uso de tecnologías de reconocimiento facial que violan el derecho a la privacidad. En cuanto a las detenciones, AI observa un ‘patrón generalizado’ de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para detenciones prolongadas, en algunos casos en ‘condiciones inhumanas’ y con ‘coacción’, que asegura pueden constituir ‘tortura’. También documenta que a los detenidos se les negó el acceso a asistencia jurídica y a sus familiares, que a los abogados se les impidió contactarles y que, a veces, el ICE rechazó confirmar si tenían a alguien bajo custodia o revelar su paradero, lo que constituye ‘detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada’.
