Tribunal de alzada corrige errónea valoración de pruebas y envía a prisión a agresor reincidente
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona revocó una sentencia absolutoria y condenó a cinco años de prisión a Luis Alberto Piña Santana por violencia contra su expareja y violencia intrafamiliar, en un fallo que refuerza la lucha contra la impunidad en casos de violencia de género.
El tribunal de alzada acogió el pedimento del Ministerio Público, representado por la procuradora de corte Wendy González Carpio, y determinó que la sentencia apelada incurrió en errónea valoración de las pruebas. Los jueces Joselin Moreta Carrasco (presidente), Henrry Caraballo Matos y Leucadia Fortunata José Méndez rechazaron las conclusiones del procesado y lo declararon culpable de violar los artículos 309-1, 2 y 3 del antiguo Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97.
Piña Santana deberá cumplir la condena en la cárcel pública de Pedernales. El expediente establece que el agresor presenta un patrón de conducta violenta con agresiones física, psicológica y verbal contra su expareja, cuyo nombre no figura en la nota de prensa de la Procuraduría General de la República.
Los hechos probados incluyen que el 29 de marzo de 2025, a las 8:30 de la mañana, el condenado se presentó de manera agresiva a la casa de su expareja a buscar a una hija de ambos, violando un acuerdo de guarda y visitas suscrito en la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Barahona, y la amenazó con un arma de fuego. El 4 de enero de 2024, a las 12:20 de la tarde, se presentó a la vivienda y vociferó palabras obscenas delante de la niña. El 25 de julio de 2021, a las 11:30 de la noche, la agredió físicamente propinándole un golpe en la cara y la amenazó de muerte; el 31 de julio de ese mismo año, la amenazó de muerte con una pistola, siendo enfrentado por miembros de la comunidad a pedradas.
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente atención nacional e internacional a la violencia de género en República Dominicana, donde las autoridades han intensificado esfuerzos para sancionar estos delitos y proteger a las víctimas.
