MIREX insta a verificar empleadores y advierte riesgos de trata de personas según Amnistía Internacional
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) de República Dominicana emitió una alerta nacional ante denuncias de ofertas laborales para viajar a Rusia que podrían estar vinculadas con el conflicto bélico ruso-ucraniano. La advertencia se produce en un contexto internacional donde Amnistía Internacional califica estas prácticas como trata de personas.
El MIREX informó que ha recibido denuncias e informaciones sobre ofertas laborales dirigidas a ciudadanos dominicanos para viajar a Rusia, y advirtió que estas pueden estar vinculadas con actividades relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Cancillería recomendó verificar previamente la procedencia de la oferta, la identidad del empleador y las condiciones de contratación, especialmente cuando las gestiones se realicen exclusivamente por medios digitales o a través de intermediarios cuya identidad o acreditación no pueda ser comprobada.
El Ministerio también enfatizó en el riesgo de vida que representa un conflicto armado y dijo que brindará asistencia consular a los ciudadanos dominicanos que, tras haber accedido a este tipo de ofertas, se encuentren en una situación de vulnerabilidad o riesgo, y realizará las gestiones correspondientes para facilitar su retorno seguro a la República Dominicana.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional hizo una investigación sobre las propuestas laborales a Rusia con el fin de participar en la guerra contra Ucrania y calificó estas propuestas de trata de personas. Señaló que Rusia ha utilizado prácticas de explotación, coacción y engaño para reclutar a personas extranjeras en sus fuerzas militares y enviarlas a combatir en Ucrania.
En el documento se describe la manera en que agentes de reclutamiento han inducido a personas de otros países a incorporarse a las fuerzas armadas rusas y se han aprovechado de la precariedad de la población migrante y refugiada ya presente en Rusia. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró que el grado de explotación y coacción que esto implica llevó a la conclusión de que, en muchos casos, esta práctica constituye trata de personas tal como se define en el Protocolo de Palermo de la ONU.
