Fallo | La jueza Altagracia Ramírez evaluará si los principales imputados, entre ellos Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, enfrentarán juicio oral.
Imagen de un juez con un martillo en una sala de audiencia generada por IA Creado: 28.05.2026 | 14:26 Actualizado: 28.05.2026 | 14:26 El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional determinará mañana quienes sí y quienes no irán a juicio de fondo en el juicio preliminar seguido a varios exfuncionarios del último gobierno de Danilo Medina, acusados de corrupción administrativa en el denominado caso “Calamar”.
La juez Altagracia Ramírez fijó la lectura del fallo de la audiencia para mañana en la tarde, para evaluar si los 34 imputados físicos y 13 empresas vinculadas irán o no a un juicio de fondo.
El propósito de la etapa preliminar no es determinar la culpabilidad o inocencia absoluta, sino verificar si el Ministerio Público tiene pruebas lícitas y con el peso suficiente (la «probabilidad de condena») para abrir un debate público formal.
Judicial El Nacional El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), construyó un expediente grueso que supera los 19,000 millones de pesos originales en supuestas estafas al Estado, vinculadas a expropiaciones de terrenos, cobros ilegales a bancas de lotería y financiamiento de campañas.
Los principales acusados son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Como cabezas de las instituciones clave del entramado (Hacienda, Administrativa de la Presidencia y Obras Públicas), el Ministerio Público ha concentrado sus mayores esfuerzos en blindar las pruebas de su supuesta autoría o coalición de funcionarios.
Un acto de no ha lugar a favor de estas figuras centrales implicaría desestimar la médula de la investigación completa, un escenario poco probable dada la presión institucional, social y los precedentes de otros casos de corrupción, como Antipulpo y Medusa.
Figuras como Luis Miguel Piccirilo, antiguo director del Consejo Estatal del Azúcar ( CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, se encuentran en el expediente como pieza claves del entramado.
Sus firmas y autorizaciones, según el Ministerio Público, eran el engranaje necesario para validar las valoraciones e irregularidades de los terrenos declarados de utilidad pública.
Los abogados de varios implicados, incluidos los de Gonzalo Castillo y el abogado Ángel Lockward, han centrado sus discursos de cierre en que el Ministerio Público utilizó peritajes realizados por personas no calificadas legalmente, alegando que los supuestos informes no fueron hechos por contadores o abogados certificados y que se violaron garantías constitucionales en la recolección de pruebas.
Si la juez constata que alguna prueba clave para un imputado en particular se obtuvo violando el debido proceso, esa prueba es excluida.
Sin pruebas secundarias, ese imputado podría ser favorecido con un No ha lugar.
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