25 imputados y un entramado que operó por cuatro años en el sistema de salud
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) atribuyó a una red de empleados, médicos y particulares un fraude de 41,125,551.02 pesos contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante 4,363 autorizaciones fraudulentas. La solicitud de medida de coerción, depositada en el Distrito Nacional, pide 18 meses de prisión preventiva para 25 imputados y la declaratoria de complejidad del proceso.
El caso Cobra 2.0, que investiga un fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), fue presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La acusación señala a una estructura integrada por empleados y exempleados de Senasa, médicos y particulares por la ejecución de 4,363 autorizaciones fraudulentas por un monto de 41,125,551.02 pesos. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 imputados y que el proceso sea declarado complejo.
Las operaciones investigadas abarcan desde el 28 de enero de 2021 hasta el 20 de febrero de 2025. Senasa denunció las irregularidades el 28 de noviembre de 2024, luego de detectar autorizaciones para consultas, cirugías menores y otros procedimientos ambulatorios que no eran reconocidos por los afiliados. La Pepca identifica como principal articulador del entramado a Ángel Luís Guzmán Vásquez, quien trabajó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de Senasa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022. Guzmán Vásquez no figura en esta solicitud porque ya cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, tras ser arrestado el 24 de abril de 2026 cuando presuntamente intentaba abandonar el país.
Según el expediente, los operadores accedían a datos personales y sensibles de afiliados, principalmente personas con poco historial de utilización del seguro. Después llamaban al centro de atención de Senasa y solicitaban autorizaciones utilizando nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, pero suministraban códigos auténticos de médicos vinculados al grupo. Con las autorizaciones aprobadas, se elaboraban formularios con diagnósticos, consultas y procedimientos inexistentes. Las firmas de los afiliados eran falsificadas y los médicos colocaban sus firmas, sellos y códigos de prestadores para otorgar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Las auditorías identificaron consultas ginecológicas facturadas a nombre de hombres, expedientes sin historias clínicas ni descripciones quirúrgicas y formularios con tachaduras, enmendaduras, teléfonos incorrectos y otras irregularidades. Los afiliados entrevistados negaron haber solicitado o recibido los servicios, desconocieron a los médicos y afirmaron que nunca acudieron a los centros donde supuestamente fueron atendidos. Algunos demostraron que estaban trabajando, fuera de la ciudad o del país en las fechas registradas. Peritajes caligráficos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses habrían confirmado la falsificación de firmas. Después de recibir los pagos de Senasa, los médicos presuntamente entregaban entre un 40 % y un 60 % de lo cobrado a los operadores. Las transferencias aparecían sin concepto o con descripciones como «pago préstamo Ángel Luís Guzmán», «pago a san de madre» y «San de tu madre». La Pepca sostiene que la investigación continúa y podría incorporar otros empleados, médicos y particulares. Las imputaciones deberán ser conocidas y debatidas ante los tribunales.
