El caso destapa fallas sistémicas en la supervisión de hogares de acogida en RD
La fuga de un menor destapó el presunto maltrato sistemático de 13 niños en una fundación de Bajos de Haina, San Cristóbal, generando alarma nacional sobre la protección infantil y la necesidad de reformar los mecanismos de control estatal.
El pasado lunes, la denuncia de un niño de 12 años que escapó de la «Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive» llevó a las autoridades a rescatar a 13 menores, de entre 3 meses y 13 años, que vivían en condiciones de maltrato físico y psicológico. Los detenidos, Ángel Gabriel Capellán, de 69 años, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, enfrentan cargos por maltrato y trabajo forzado, en un caso que ha conmocionado al país.
El expediente del Ministerio Público revela prácticas aberrantes: golpes con correas, quemaduras en las manos, privación de alimentos, encierro en solitario y castigos como arrodillarse sobre guayos. Este patrón de violencia, presuntamente liderado por Capellán, quien se hacía llamar «el Pastor», refleja una crisis más amplia en la regulación de instituciones privadas que dicen proteger a la niñez.
Un dato clave es que la fundación había sido notificada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) desde octubre de 2020 para suspender su funcionamiento, y en noviembre del mismo año recibió un memorándum sobre «exclusión de personas con vicios y mal ejemplo para los niños». A pesar de ello, continuó operando sin autorización, lo que plantea serias interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de supervisión y sanción.
El caso ha resonado más allá de las fronteras, especialmente entre la diáspora dominicana, que sigue de cerca los avances en materia de derechos infantiles. Organizaciones internacionales podrían presionar al Estado dominicano para que implemente reformas que garanticen que ningún menor quede desprotegido en centros de acogida, y para que se castigue con severidad a quienes cometan estos abusos.
La audiencia de medida de coerción se realizará este jueves a las 9:00 de la mañana, y se espera que el tribunal imponga prisión preventiva. Mientras tanto, el país observa con atención este caso, que podría marcar un antes y un después en la protección de la niñez en República Dominicana.
