Falta de acuerdo bilateral obliga a Dominicana a usar cooperación penal internacional para traer a «Macho»
La ausencia de un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica complica el traslado de Jovanny de Jesús Metz Cruz, alias «Macho», señalado por la muerte de Deivy Abreu Quezada. Mientras, la audiencia preliminar contra siete imputados fue aplazada para el 27 de octubre en Santiago.
El abogado de la familia, José Martínez Brito, explicó que el proceso de extradición puede prolongarse debido a que ambos países no cuentan con un tratado, por lo que las autoridades recurren a mecanismos de cooperación penal internacional que requieren intervención de un juez y generalmente una audiencia, aunque puede agilizarse si la persona requerida acepta voluntariamente la extradición. También existe la posibilidad de que Jamaica opte por expulsar o deportar a Metz Cruz por su estatus migratorio.
“Dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista; él va a llegar, él pisará la República Dominicana”, afirmó el abogado, reflejando la expectativa de la familia.
Durante la audiencia de este jueves, Selinet Abreu, hermana de la víctima, denunció que el imputado Adonis Antonio Ureña Ventura presuntamente la amenazó de muerte mientras ofrecía declaraciones. Según relató, le habría dicho: “Te voy a matar”, después de que ella se detuviera a hablar en defensa de su hermano. Anunció que acudirá a la Fiscalía para presentar una querella y dejar constancia. “Si a mí me pasa algo, ellos tienen que ver con eso, porque yo no tengo enemigo a nadie”, afirmó, y consideró que el juez no pudo percatarse de lo sucedido. “Yo siempre hablo. En defensa de mi hermano, voy a luchar hasta el final”, expresó.
El juez del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, Job García, aplazó para el próximo 27 de octubre, a las 9:00 de la mañana, la audiencia preliminar contra los siete imputados en el caso de Deivy Abreu Quezada, quien falleció de una estocada el pasado 17 de abril del presente año. En la audiencia, el abogado de uno de los imputados presentó una queja por no habérsele entregado unos videos solicitados al Ministerio Público, con los cuales podrá comprobar que su defendido no estuvo cerca al momento de los hechos, y alegó que este no fue notificado. El aplazamiento también responde a la solicitud de una proposición de diligencia para la entrega de los videos y a un plazo para los escritos de defensa y la presentación de prueba. “Como tal conceder los plazos a las partes, plazo del 304 para que con relación a la acusación que todavía estaba vigente, a las pruebas audiovisuales y a la querella puedan hacer uso de este espacio”, indicó el juez.
