El escándalo de presuntos abusos en Haina pone a prueba el sistema de justicia dominicano.
La audiencia de medida de coerción contra los imputados Ángel Gabriel Capellán e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fue pospuesta para el 10 de septiembre, mientras la sociedad dominicana sigue con atención un caso que involucra a nueve menores y a una fundación que también acogía ancianos.
El aplazamiento, solicitado por ambas partes para revisar el expediente y las declaraciones de los menores en cámara Gesell, refleja la complejidad del caso. La defensa insiste en que las acusaciones son una «burbuja», mientras que el Ministerio Público investiga presuntos maltratos y trabajos forzosos en la Fundación Restaurando Vida, un Muerto que Revive.
El caso ha cobrado relevancia nacional e internacional por la gravedad de los señalamientos: un menor de 12 años escapó y denunció abusos ante la policía en Hatillo, San Cristóbal. El rescate de 14 menores y el arresto de 13 personas evidencian un posible patrón de vulneración de derechos en centros de acogida no regulados.
Más allá de lo penal, el debate se centra en la falta de supervisión estatal. El abogado Manuel Soto Lara advirtió que la ausencia de permisos sería solo una falta administrativa, lo que ha generado críticas de organismos de derechos humanos que exigen sanciones ejemplares y una revisión del sistema de protección a la infancia en República Dominicana.
La diáspora dominicana y organismos internacionales siguen el desenlace, que podría sentar un precedente en la lucha contra el abuso infantil. Mientras el país espera la próxima audiencia, queda en el aire la pregunta: ¿están realmente protegidos los menores en instituciones de acogida, o es este un caso aislado de un problema sistémico?
