Fallo evidencia tensión entre derechos constitucionales y falta de recursos en procesos de alto perfil
En una audiencia marcada por la disidencia, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este jueves el juicio de fondo contra Hugo Beras y otros nueve acusados, y ordenó a la Defensa Pública asumir la representación de Inprosol SRL, bajo advertencia de desacato.
La jueza Arlín Ventura emitió un voto disidente al considerar innecesaria la intimación a la ONDP, ya que la orden ya había sido notificada el 20 de agosto. Su abogada, Laura Acosta, señaló que la Defensa Pública se niega a representar a una empresa, pero ‘eso no es lo que dice la Constitución’, abriendo un debate sobre el alcance del derecho a la defensa en personas jurídicas.
El Ministerio Público ha advertido que podría someter a la ONDP por desacato si no cumple, lo que coloca este caso como un precedente sobre la obligatoriedad de las decisiones judiciales frente a instituciones del Estado. La falta de representación legal de Inprosol SRL, que presuntamente tiene fondos bloqueados, refleja las dificultades económicas que enfrentan algunas empresas implicadas en procesos penales.
El juicio, que involucra una presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica, también fue aplazado para permitir que el abogado Manuel Eduardo Mora, quien asumió la defensa de uno de los imputados, estudie las pruebas. El tribunal acogió la oposición del Ministerio Público a su solicitud de más tiempo, fijando la próxima audiencia para el 22 de septiembre.
El caso ha captado atención nacional por la magnitud de los implicados, incluyendo al exdirector del Intrant Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez, y varios exfuncionarios, así como por la participación de al menos siete empresas. La decisión del tribunal podría sentar jurisprudencia sobre la responsabilidad de la Defensa Pública en la representación de entidades comerciales, un tema relevante para el sistema de justicia dominicano y su imagen internacional.
Mientras tanto, la diáspora y observadores internacionales siguen de cerca el desarrollo, pues la transparencia en casos de corrupción de alto perfil es clave para la confianza en las instituciones democráticas del país.
