Tercer aplazamiento consecutivo evidencia lentitud en el proceso más avanzado de malversación desde 2020
La apelación del caso de los hermanos Medina Sánchez, el único proceso por malversación iniciado desde 2020 que ya tiene sentencia, se aplazó por tercera vez este martes. El nuevo retraso, atribuido a cambios de abogados y ausencias, fija la próxima audiencia para el 24 de noviembre.
El caso de presunta corrupción que encabezan Alexis y Carmen Medina Sánchez es el más avanzado entre los procesos por malversación iniciados desde 2020, siendo el único que ya cuenta con una sentencia. Sin embargo, al igual que en los tribunales de primera instancia, los aplazamientos en la corte de apelación son constantes, pese a que las audiencias se fijan hasta con un mes de antelación.
La apelación a la condena a ocho acusados, entre ellos Alexis Medina, y la absolución a otros 13 señalados de estafar al Estado con más de 5 mil millones de pesos se aplazó este martes por tercera vez consecutiva porque una imputada contrató un nuevo abogado privado para ella y la clínica que representa. Las inasistencias de abogados, depósito de una licencia médica y contratación de un nuevo togado han sido las causas que han impedido que se conozcan los recursos de apelación depositados por el Ministerio Público y los acusados.
En la apelación, el Ministerio Público busca aumentar la pena de siete años impuesta a Alexis Medina y se condene a diez años a su hermana Carmen Magalys y a otros doce de los imputados que fueron absueltos. Alexis fue hallado culpable por el Segundo Tribunal Colegiado en agosto del pasado año de cometer los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, para que sus empresas fueran contratadas por el Estado durante la gestión de su hermano, Danilo Medina.
En la segunda audiencia prorrogada no asistió el abogado Nassir Rodríguez, representante de la pareja de esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca. En tanto que, en la primera vista, el acusado José Idelfonso Correa Martínez envió una licencia médica. En la de este martes, la imputada Libni Arodi Valenzuela Matos asistió con un abogado privado porque estaba representada por un defensor público que se oponía a defender la clínica que ella representa, en consonancia con la política de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, que rechaza abogar por empresas.
Otra de las causas de esta tercera postergación fue que los abogados, encabezados por Emery Colomby Rodríguez, del presidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Manuel Aquilino Rosa, estaba en otra audiencia en La Vega. La Segunda Sala Penal de la Corte dijo que, con la nueva fecha de la audiencia, los letrados que representan al exfuncionario, que es otro de los descargados, podrán estar presentes. El nuevo togado que entra al proceso es Juan José Eusebio, a quien se le otorgó 20 días para que pueda preparar su defensa a Valenzuela Matos y al Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina (CEMERAF), S.R.L.
Deberá notificar sus escritos de defensa al Ministerio Público, la parte querellante y al tribunal, y el órgano acusador tendrá hasta el 22 de noviembre para responder. Ante los tres días sin avances del proceso de apelación, la abogada Ingrid Hidalgo solicitó que se separara la acusación de su clienta, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, exdirectora jurídica de la desaparecida Oisoe, y quien es otra de los 13 descargados. A la petición se unieron otros de sus colegas, lo que fue rechazado por la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz.
