Tercera sesión define medidas contra red de fraude en salud; Ministerio Público alega delincuencia organizada
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reanuda este martes a las 2:00 de la tarde la audiencia de medida de coerción contra los 26 acusados en el caso Senasa 2.0-A, un proceso que marca un hito en la lucha contra la delincuencia organizada en el sector salud dominicano.
El juez Rigoberto Sena reanudará este martes a las 2:00 de la tarde la audiencia en la que se conoce la solicitud de medida de coerción contra los 26 imputados del caso Senasa 2.0-A. En esta tercera sesión, el abogado Félix Portes presentará la defensa técnica de Isabel Heredia, última intervención de los defensores antes de que el Ministerio Público ejerza su derecho a réplica.
El Ministerio Público solicita para cada uno de los imputados la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo, argumentando la existencia de pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, en el marco de lo que califica como delincuencia organizada. Esta petición abarca a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreis Polanco Núñez, así como a la médica gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También se solicita prisión preventiva contra los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo. La audiencia se celebra en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por razones de espacio.
El caso Senasa 2.0-A es seguido de cerca a nivel nacional e internacional por su magnitud y por involucrar a profesionales de la salud, lo que plantea desafíos para el sistema judicial dominicano en la persecución de delitos complejos. La decisión que adopte el tribunal en las próximas horas podría sentar precedentes sobre la aplicación de medidas de coerción en casos de presunta delincuencia organizada.












