Onco14 y Cobra 2.0-A suman RD$189.8 millones frente a los 15,921 millones atribuidos a la gestión de Hazim
El Ministerio Público ha judicializado dos nuevas vertientes del caso Senasa que han multiplicado los arrestos y allanamientos, pero los montos específicamente atribuidos en Onco14 y Cobra 2.0-A suman alrededor de RD$189.8 millones, apenas el 1.2% de los 15,921 millones de impacto económico que se imputan al expediente principal encabezado por el exdirector Santiago Hazim.
La Operación Onco14 atribuye a sus imputados el presunto desvío de 148,660,116 pesos entre 2018 y 2025 desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Tres personas fueron inicialmente sometidas en ese expediente. Wilson Camacho, director general de Persecución, ha explicado que el Ministerio Público investiga el manejo de aproximadamente 3,700 millones que el IORC recibió del Senasa, aunque esa cifra corresponde a recursos bajo investigación y no al dinero que el expediente identifica hasta ahora como efectivamente desviado.
La denominada Senasa 2.0, oficialmente Operación Cobra 2.0-A, presenta una diferencia todavía mayor entre el despliegue procesal y el monto documentado. Esta operación movilizó allanamientos en distintos puntos del país, cientos de elementos de prueba y una audiencia de coerción que se extendió durante varios días. El tribunal terminó enviando a prisión preventiva a ocho imputados, mientras otros recibieron arresto domiciliario, garantías económicas y otras medidas.
Si se comparan únicamente los montos específicos atribuidos como fraude o desvío en las dos nuevas operaciones, 148.66 millones de Onco14 y 41.13 millones de Cobra 2.0-A suman alrededor de RD$189.8 millones. Esa cifra equivale aproximadamente al 1.2 % de los 15,921 millones de impacto económico que el Ministerio Público ha asociado al expediente principal de Senasa. Por separado, el dinero presuntamente desviado en Onco14 representa cerca del 0.93 % del monto del proceso original, mientras que las autorizaciones fraudulentas documentadas en Cobra 2.0-A representan aproximadamente el 0.26 %.
La diferencia también aparece al observar el número de personas procesadas. La primera fase contra Hazim llevó inicialmente ante los tribunales a diez imputados por un expediente que atribuye un perjuicio cercano a 16,000 millones. Cobra 2.0-A, por 41.1 millones específicamente documentados, terminó involucrando a 26 personas. El contraste adquiere relevancia porque el expediente principal todavía permanece en la fase preparatoria. El 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción concedió al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar la investigación contra Hazim y los demás procesados inicialmente. El nuevo plazo vence el 11 de diciembre de 2026. La Pepca justificó la extensión por diligencias todavía pendientes, entre ellas interrogatorios, informes de la Superintendencia de Bancos, la Dirección General de Impuestos Internos, la Contraloría, la Cámara de Cuentas y el Instituto.
