La prórroga de cuatro meses refleja la complejidad de los casos de corrupción y su impacto en la imagen nacional.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para presentar la acusación formal contra el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y otros imputados, una decisión que pone de relieve los desafíos del sistema judicial dominicano en la persecución de la corrupción administrativa y su repercusión en la confianza ciudadana.
El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la solicitud presentada por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titulares de la Dirección de Persecución y de la PEPCA, al considerar que se cumplían los requisitos del artículo 152 del Código Procesal Penal. La prórroga fue solicitada el mismo día en que vencía el plazo de investigación, el 11 de agosto de 2026, lo que demuestra la complejidad del proceso.
La decisión del tribunal se da en un contexto donde la lucha contra la corrupción es una tendencia regional y un tema central en la agenda pública dominicana. La extensión del plazo para concluir la investigación refleja la magnitud de las diligencias pendientes, que incluyen interrogatorios a testigos, informes de la Superintendencia de Bancos y la DGII, y el análisis de unas 15,000 páginas de documentos ocupados en allanamientos.
El caso Senasa, que fue judicializado el 11 de diciembre de 2025 y declarado complejo, ha captado la atención de la diáspora y de organismos internacionales que observan el manejo de la corrupción en el país. La prórroga de cuatro meses es vista por analistas como una señal de que el Ministerio Público busca fortalecer su expediente, aunque también genera cuestionamientos sobre la duración de los procesos y el respeto al plazo razonable.
La Contraloría de la Procuraduría deberá entregar un informe que tomará unos 80 días laborables, y los equipos electrónicos ocupados aún no han sido analizados en su totalidad. Estos elementos evidencian la necesidad de recursos técnicos y humanos para avanzar en la investigación, un desafío común en casos de alta complejidad financiera y médica.
Mientras tanto, los tres imputados permanecen en prisión, una medida que ha sido respaldada por sectores que exigen transparencia, pero que también ha generado debates sobre las garantías procesales. La resolución de este caso será clave para definir la percepción nacional e internacional sobre la efectividad del sistema judicial dominicano en la lucha contra la corrupción.
