Fallo del Constitucional redefine competencias; suspensión de la JCE frena prohibición mientras se dirime
El Tribunal Constitucional dominicano devolvió al Tribunal Superior Electoral el expediente sobre la prohibición de encuestas, calificando la remisión como un «erróneo envío». La decisión, que no toca el fondo, mantiene la suspensión de la JCE y deja en vilo el futuro de la regulación de sondeos en el país.
El Tribunal Constitucional (TC) de República Dominicana ha devuelto al Tribunal Superior Electoral (TSE) el expediente relacionado con la impugnación de la Resolución 14-2026 de la Junta Central Electoral (JCE), que establece reglas para el registro de encuestadoras y la difusión de encuestas electorales. El TC consideró que el TSE no podía remitirle el caso directamente tras declararse incompetente, pues ello implicaría «constituir a este tribunal en un tribunal de envío o reenvío», algo que ninguna jurisdicción puede hacer.
El origen del caso se remonta a la impugnación presentada por la organización Justicia Sin Fronteras contra la resolución de la JCE, que inicialmente prohibía publicar encuestas fuera de los períodos de campaña. El TSE, al sentirse incompetente, envió el expediente al TC, pero este aclaró que «la facultad de evaluar su propia competencia no se constituye en un cauce que permita modificar competencias atribuidas a otros órganos».
La sentencia del TC no resuelve si la regulación de la JCE es constitucional, ni se pronuncia sobre la suspensión provisional solicitada. Sin embargo, el 20 de agosto la JCE ya había suspendido provisionalmente el artículo 13 de la resolución, que contenía la prohibición y las sanciones asociadas. Esta suspensión se mantiene mientras las instancias competentes deciden, lo que en la práctica permite la libre difusión de encuestas en el país, un tema sensible en el contexto electoral.
El fallo del TC subraya un principio clave del derecho procesal: la incompetencia de un tribunal no le autoriza a redirigir el caso hacia otro órgano de manera unilateral. «Ningún órgano jurisdiccional de la República tiene la facultad o el poder para constituir a este tribunal constitucional, mediante una decisión de incompetencia, en un tribunal de envío o de reenvío», afirmó el TC, en un mensaje que resuena más allá de las fronteras dominicanas.
Este revés procesal obliga al TSE a retomar el caso y decidir si asume la competencia o indica la vía correcta, mientras la comunidad jurídica y política observa con atención. La resolución de fondo sigue pendiente: determinar si las restricciones a las encuestas vulneran la libertad de expresión o si son una herramienta válida para proteger la integridad electoral. Mientras tanto, la diáspora y los analistas internacionales ven en este caso un ejemplo de los desafíos institucionales en la región.
