En apenas seis días –un tiempo casi inédito en nuestra historia legislativa– el Congreso ha convertido en ley el denominado “Plan Anticrisis”.
Es esta una herramienta fiscal de urgencia que busca inyectar al erario unos 50.000 millones de pesos adicionales para contener los efectos de la guerra en Medio Oriente sobre nuestra economía.
Más allá de la celeridad, lo sustantivo es que el proyecto ha logrado un consenso satisfactorio entre el empresariado , los sectores productivos y distintas organizaciones ciudadanas.
Estos confían en que los recursos frescos serán el colchón necesario para salvaguardar el empleo, la inversión y la paz social.
Los alcances de esta ley son significativos y medidos.
No toca el ITBIS ni la mayoría de los selectivos a combustibles, tabaco o telecomunicaciones y exime a las micro y pequeñas empresas de nuevas cargas.
Se trata, en suma, de una cirugía fiscal enfocada en proteger a los más vulnerables y en dar oxígeno a la clase media, sin sacrificar la competitividad que ha hecho del país un destino privilegiado para la inversión extranjera en turismo y tecnología.
Pero la ley no es un fin en sí misma.
Su éxito dependerá de la ejecución.
El gobierno ha recibido un espaldarazo político sin precedentes –solo los partidos opositores se abstuvieron–, y con él, una responsabilidad ineludible.
Tendrá que demostrar que esos 50.000 millones de pesos se traducen en obras, servicios y estabilidad, no en gasto corriente opaco.
Tras su promulgación por parte del Presidente Abinader, queda esperar que la gestión eficiente y el control ciudadano se conviertan en el verdadero termómetro del éxito.
El país no puede darse el lujo de malograr este impulso.
Al gobierno hay que monitorearlo en este cometido, recordándole que la ciudadanía y los sectores productivos estarán atentos a que cada peso se invierta con criterio, honradez y visión de futuro.
Esa es la única manera para que el Plan Anticrisis no sea un mero parche, sino el cimiento de una recuperación sostenible y equitativa.
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