BG Investment Group denuncia trato desigual y lleva caso al Tribunal Constitucional por 85 empleos directos
La clausura de la empresa BG Investment Group en Oviedo, Pedernales, por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA), ha generado protestas de más de 80 trabajadores y una advertencia del alcalde sobre hambre y miseria. La compañía, que operaba bajo régimen de desarrollo fronterizo, denuncia trato desigual y ha acudido al Tribunal Constitucional.
La empresa BG Investment Group, dedicada al reciclaje y clasificación de textiles usados desde 2008 en Oviedo, Pedernales, fue clausurada por disposición de la Dirección General de Aduanas (DGA). Más de 80 trabajadores y sus familias salieron a las calles a protestar, argumentando que era su única forma de ganar el sustento. Los empleados indicaron que la empresa era un sostén para toda la comunidad, porque apoyaba actividades de deporte, la salud de los más pobres y cualquier situación de la comunidad.
El alcalde de Oviedo, Julio Gómez Ramón Alberto Pérez Terrero (Petete), definió la situación como preocupante y advirtió que el hambre y la miseria se apoderarán de ese empobrecido municipio del sur del país. ‘La única ayuda que recibe el ayuntamiento de Oviedo la otorga esta empresa. Tenemos hombres y mujeres con deseos de trabajo’, indicó. ‘Aquí hay hombres y mujeres que con lo que ganan aquí mantienen a su familia y otros estudian’, insistió. Pidió a las autoridades de Aduanas: ‘Hagan lo que tienen que hacer para que la empresa pueda operar nuevamente’.
Rafael Pérez Matos, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Oviedo, dijo que la miseria, el hambre y la necesidad se han apoderado del pueblo debido al cierre de la empresa, la única con que cuentan en la comunidad. La empresa BG Investment Group denunció recientemente un presunto trato desigual por parte de la DGA que, según afirman, ha provocado la paralización de sus operaciones y pone en riesgo 85 empleos directos y más de 250 indirectos.
La compañía asegura que opera bajo el régimen de desarrollo fronterizo con la clasificación número 127-184-08, cuyo certificado permanece vigente hasta 2028. Afirma haber pagado más de RD$48 millones en impuestos aduanales y que las verificaciones realizadas no determinaron contrabando ni irregularidades. Sin embargo, denuncia la retención de nueve contenedores y cuestiona cambios en la valoración de sus mercancías sin una explicación técnica que justifique los nuevos criterios. BG Investment Group llevó el conflicto ante el Tribunal Constitucional, alegando afectación a la igualdad ante la ley, el debido proceso, la seguridad jurídica y la libertad de empresa, además del cumplimiento del marco legal de desarrollo fronterizo. Dice que no solicita privilegios ni pretende evadir impuestos, sino que se respeten las condiciones de su certificación, se emitan decisiones administrativas debidamente motivadas y se le permita continuar operando mientras se resuelve la controversia.
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