El fallo destaca la persistencia de órdenes de arresto sin ejecutar en República Dominicana
Jhon Nicolás Díaz Gorge, alias Rey, fue condenado a 15 años de prisión por el homicidio de Andriiu Contreras Carmona, ocurrido en diciembre de 2015 en Santo Domingo Norte. La sentencia se produce casi diez años después de la emisión de la orden de arresto en su contra, lo que reaviva el debate sobre la efectividad del sistema judicial dominicano.
El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 15 años de prisión a Jhon Nicolás Díaz Gorge, alias Rey, por la muerte de Andriiu Contreras Carmona, ocurrida la noche del 7 de diciembre de 2015 en el municipio Santo Domingo Norte. El hecho se produjo tras una discusión en un centro de expendió de bebidas alcohólicas, donde ambos se enfrentaron físicamente y fueron separados por terceros.
De acuerdo con la acusación, Díaz Gorge se marchó del lugar pero regresó junto a Robert Galva Yaveras, alias Vaquero, quien conducía la motocicleta en la que se desplazaban. Díaz Gorge se desmontó y le propinó una estocada en el costado a Contreras Carmona, quien falleció mientras recibía atenciones médicas. La orden de arresto número 33664-ME-2015 fue emitida el 8 de diciembre de 2015, pero no se ejecutó hasta el 16 de marzo de 2025, cuando fue localizado en el municipio Sosúa, provincia Puerto Plata.
El fiscal litigante Ignacio Rojas representó al Ministerio Público y solicitó una condena de 30 años, presentando las pruebas que sostuvieron la responsabilidad penal del procesado. Díaz Gorge fue procesado por violación de los artículos 265, 266, 295 y 304 del antiguo Código Penal Dominicano, además de los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El tribunal, integrado por los jueces Julio A. de los Santos Morla, Yuri Cuevas de la Cruz y Ana Miledys Taveras, dictó la condena de 15 años de prisión. Díaz Gorge deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, en San Antonio de Guerra. El caso evidencia los desafíos de la justicia dominicana para ejecutar órdenes de arresto de manera oportuna.
