La Cámara de Diputados aprueba análisis conjunto con senadores para agilizar una ley que castiga hasta con 40 años el vicariato
El Congreso dominicano avanza en la aprobación de la Ley Mirabal, una iniciativa que introduce por primera vez los delitos de violencia vicaria y vicariato en el país. La Cámara de Diputados aprobó este martes que el proyecto sea estudiado por una comisión especial conjunta de senadores y diputados para agilizar su análisis y eventual aprobación.
El proyecto de ley orgánica de respuesta integral a las violencias contra las mujeres, denominado Ley Mirabal, será analizado por una comisión especial bicameral compuesta por senadores y diputados. La decisión, votada a favor este martes por los diputados, permitirá que la iniciativa tenga un único informe y no enfrente trabas al pasar de una cámara a la otra, como ocurre con la mayoría de los proyectos de ley.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que los miembros de la comisión serán anunciados en la próxima sesión del órgano legislativo. La comisión tendrá la tarea de analizar la propuesta promovida por el Ministerio de la Mujer, que busca una respuesta integral a las violencias contra las mujeres.
La Ley Mirabal establece la creación de la figura penal del vicariato, con una pena de hasta 40 años de prisión cuando el asesinato de un niño, niña o adolescente se ejecute con la finalidad de causar sufrimiento o castigar a la madre. Además, introduce por primera vez en el sistema dominicano los delitos de violencia vicaria y vicariato, definidos como actos ilícitos en los que un agresor maltrata a allegados o hijos de la víctima para causar su sufrimiento.
El proyecto sanciona con penas de 5 a 10 años de prisión a quien lesione, amenace o prive de libertad a hijos o personas vinculadas a una mujer para castigarla. También propone castigar la convivencia con menores de edad bajo la excusa de estar en una relación de pareja y tipifica las intervenciones quirúrgicas, procedimientos ginecológicos o métodos anticonceptivos impuestos sin el consentimiento de la paciente. La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, pidió a los legisladores priorizar la pieza para que sea aprobada en la actual legislatura, que concluye en enero del 2027, y afirmó: «Una mujer en peligro no debe encontrar muchas puertas, debe encontrar un solo Estado».
