La DGCP detecta fallas legales y vínculos familiares en proceso de RD$ 240 millones
La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió de oficio la licitación ASC-CCC-LPN-2026-0003 del Ayuntamiento de San Cristóbal, por RD$ 240,000,000, tras encontrar violaciones a la ley 47-25 y posibles conflictos de interés.
La medida cautelar responde a un monitoreo preventivo que reveló la ausencia de estudios previos obligatorios e incoherencias en las especificaciones técnicas del pliego, afectando los principios de libre competencia, participación, razonabilidad y proporcionalidad.
Entre las irregularidades técnicas se citan la exigencia contradictoria de instalaciones operativas previas a cartas compromiso a 30 días; la imposición desproporcionada de experiencia previa en municipios de alta densidad combinada con domicilio local, y ambigüedades entre domicilio legal y centros de operaciones.
El organismo también verificó que en la oferta técnica del oferente habilitado, Producciones D&P San Cristóbal, figuran contratos de arrendamiento para operaciones comerciales con Alicia Aurora Uribe Domínguez y Vlamirdi Agustín Ruiz de la Rosa como titulares de la propiedad. Este último formó parte hasta 2023 del órgano de administración de la misma empresa, según el Registro de Proveedores del Estado.
Vlamirdi Ruiz de la Rosa tiene vínculo familiar con el alcalde Dionisio de la Rosa Rodríguez. La DGCP informó que la suspensión se ejecutó de inmediato mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas y ya se notificó formalmente al cabildo.
