Titular del órgano constitucional Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.
Fuente externa En 2025, el Defensor del Pueblo recibió una asignación financiera proveniente del Presupuesto General del Estado de RD$397,800,000 ; de los cuales fueron ejecutados el 99.41%.
Así lo informó este lunes el incumbente de ese órgano constitucional, Pablo Ulloa , al presentar su quinta rendición de cuentas ante los representantes del Congreso Nacional.
Durante su alocución en el Senado de la República, Ulloa detalló que cada uno de los 5,619 casos registrados el pasado año le representó a esa institución un costo promedio de aproximadamente RD$70,798.
“Este cálculo no pretende reducir la dignidad humana a una cifra, pero sí permite hacer una pregunta: ¿Cuánto servicio público produce la institución con los recursos que administra?”, expresó mientras era escuchado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.
Ulloa considera que ese monto representa una evolución, ya que en 2019 , cuando el presupuesto anual “era de alrededor de 165 millones”, el costo de referencia de los casos atendidos por el Defensor del Pueblo “rondaba los 123,596 pesos”.
“La comparación histórica ayuda a entender mejor esa evolución.
La lectura correcta no es que la institución gastó menos, sino que produjo mucho más servicio por cada peso público ejecutado.
El presupuesto creció, sí, pero la capacidad de atención creció mucho más”, aseveró.
Uno de los proyectos desarrollados por el Defensor del Pueblo es el proceso de Diálogos en Tu Comunidad por el Bien Común, el cual contempla una inversión aproximada de RD$12 millones y genera un “retorno social estimado de 8.3 a 1”, el cual es equivalente a “99.6 millones de pesos en valor público comunitario”.
Para Ulloa, según dijo, ejecutar bien no es simplemente gastar; consiste también en planificar, contratar con responsabilidad, controlar, rendir cuentas y convertir los recursos disponibles en resultados institucionales.
“Muestra de ello son los 100 puntos mensuales alcanzados en transparencia y la ejecución en línea a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera (una plataforma que supervisa al Ministerio de Hacienda y Economía)”, precisó.
El funcionario adelantó que a finales de este año recibirán, “a solicitud del Defensor del Pueblo”, un grupo de auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) para “poder auditar la gestión completa, igual que como hemos hecho cada año”.
Es una institución extrapoder del Estado, creada con la modificación constitucional realizada en 2010, que tiene la función de “contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos”.
Su defensa a la ciudadanía debe ocurrir cuando el contenido de la Carta Magna es violado por funcionarios u órganos del Estado y prestadores de servicios públicos o particulares.
Ulloa aprovechó el discurso presentado ante el Poder Legislativo para expresar la exigencia que tiene la institución el Defensor del Pueblo, la cual “exige una nueva ley orgánica y una arquitectura constitucional a la altura de nuestra Constitución de 2010 y de las necesidades reales de la ciudadanía”.
“ La Ley 19-01 cumplió una función histórica, pero el país demanda más claridad competencial, más presencia territorial, más tecnología, más prevención y más fuerza garantista”, indicó.
Ulloa entiende que el Defensor del Pueblo debe someterse a una nueva etapa institucional que le permita asegurar una presencia anticipada, tecnología, evidencia y calidad en los resultados, “debe fortalecerlo como institución constitucional de garantía, casa de los derechos y un zar que convierta la información territorial en alertas”.
“Eso es lo que planteamos, convertir lo aprendido en norma, lo recorrido en presencia territorial, lo escuchado en alerta temprana, lo gestionado en sistema permanente y lo diseñado en modelo certificable”, dijo.
Ulloa explicó que los 5,619 expedientes registrados estuvieron integrados por 3,299 reclamaciones, 967 de casos de oficio, 1,349 solicitudes de orientación, dos quejas y dos mediaciones.
Del total de la cifra antes mencionada, la entidad constitucional alcanzó “ 4,025 resoluciones, conclusiones o cierres institucionales.
Esos números no son simples estadísticas, son indicadores de gerencia pública aplicada a derechos”.
De acuerdo con lo explicado por Ulloa, las acciones de educación impactaron a más de 29,000; el Instituto de Altos Estudios desarrolló 34 actividades con más de 5,200 personas impactadas, el Aula del Defensor y Acción Escolar realizaron 153 actividades con más de 14,600 personas y la iniciativa Constitución Viva a más de 2,000 estudiantes.
“Si incorporamos el alcance territorial estimado que hicimos con los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, la huella institucional supera los 4 millones de personas alcanzadas directa e indirectamente.
No hablamos de asistencia directa a una actividad, sino de una presencia institucional que educa y escucha…”, afirmó.
Ulloa concluyó su ponencia aclarando que el Defensor del Pueblo no tiene el objetivo de sustituir al Estado, sino de ayudar a mejorar su funcionamiento.
“Si nuestra primera etapa fue demostrar que el DF podía servir mejor, la nueva etapa debe asegurar que esa capacidad no sea excepcional, sino permanente.
Que no dependa solo de una gestión, sino de una cultura institucional…”, reiteró.
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