No hay nada más grande en la vida que un día detrás de otro.
Una de las manifestaciones prácticas de la dimensión espacio-tiempo, es que en los primeros días de su ejercicio, el poder se percibe como una ilusión lejana, pero, a medida que sus términos fatales se acercan, se transforma en una realidad ominosa que devora las páginas del calendario.
Cuando la Constitución de 2010 fue promulgada, seguramente el constituyente no vio como un desafío insalvable las más de 80 leyes que ordenaba crear (o actualizar).
Diez años después, el PLD no pudo desplegar el paquete legislativo que la Carta Magna de su hechura le ordenaba.
De 2020 a 2026, el panorama es aún más desolador.
El pasivo legislativo que tiene el Congreso Nacional con la sociedad es enorme, y constituye una seria limitante para el ejercicio pleno de los derechos constitucionales establecidos y protegidos por nuestra Carta Magna, limitando su aplicación plena.
El propio Tribunal Constitucional (TC), mediante sentencia TC/0113/21 estatuyó que “el Congreso Nacional no ha observado el mandato del constituyente […] ni con el mandato constitucional de dotar al país de la legislación necesaria que debe aprobarse para que sea aplicable el contenido de la Constitución”, ordenando que las leyes previstas en los artículos 203, 210 y 272 “sean dictadas en un plazo no mayor a dos (2) años”.
Con la modificación constitucional de 2024, el congreso, dominado por el PRM en ambas cámaras, se puso un lazo al cuello al establecer en su disposición transitoria octava que, “en un plazo no mayor de siete legislaturas ordinarias a partir de la proclamación de esta Constitución, deberán ser elaboradas y aprobadas todas las leyes requeridas en virtud de la presente Constitución”.
La lista de leyes de nueva facturación que están pendientes de aprobación es enorme; la de leyes y códigos que ameritan actualización y modernización, es urgente.
El congreso del PRM acumula todo el poder necesario y suficiente para aprobar todas las iniciativas legislativas que la Constitución, sentencias del TC, instituciones de la sociedad civil, academia, doctrinarios y ciudadanos le reclaman, con justa razón.
No hay excusa válida para justificar el estado de omisión legislativa por parte del Congreso, en su obligación de aprobar todas las leyes de aprobación mandatoria, cuyo incumplimiento el propio TC ha constatado y declarado.
A 55 días de que inicie la quinta legislatura, el congreso hipermayoritario del PRM tendrá un desafío ante la historia: demostrar que supo administrar todo el poder recibido, transformando institucionalmente el país… o naufragar en la nulidad legislativa.
El desafío de los presidentes de ambas cámaras es mayúsculo y retador, pero han demostrado ser eficientes, diligentes y grandes concertadores; además, cuentan con el apoyo del presidente de la república, su partido y la sociedad.
Para muestra de que cuando se quiere se puede, el Plan Anticrisis fue aprobado en sólo seis días… Tags relacionados LAS MÁS RECIENTES innovación Edición impresa.
